El estudio más reciente del INEGI sobre estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia en San Luis Potosí muestra un panorama mixto del sistema penitenciario estatal. En la última década, la tasa de personas privadas de la libertad pasó de 187.0 a 148.5 por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que refleja una reducción sostenida en el número de personas encarceladas. Sin embargo, esta baja no necesariamente implica una mejora en el acceso a la justicia o en la resolución de procesos penales.

Uno de los datos más preocupantes del informe es que, al cierre de 2023, el 67.3 por ciento de las personas privadas de la libertad en el estado no había recibido sentencia, una proporción considerablemente mayor al promedio nacional, que fue de 38 por ciento.

Esta diferencia apunta a un rezago importante en los procesos judiciales locales y a una alta dependencia de la prisión preventiva, una práctica que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos por su impacto en las personas imputadas.

El estudio también evidencia diferencias de género dentro del sistema penitenciario, pues en los centros penitenciarios estatales, el 72 por ciento de la población es masculina y el 28 por ciento femenina; no obstante, en los centros especializados para adolescentes, la brecha se reduce: 61 por ciento son hombres y 39 por ciento mujeres, contraste que sugiere que la incidencia delictiva entre mujeres jóvenes es mayor que entre mujeres adultas, un fenómeno que abre preguntas sobre los contextos sociales, familiares y económicos que enfrentan las adolescentes en conflicto con la ley.

La situación de las mujeres privadas de la libertad es especialmente delicada. De acuerdo con el INEGI, 182 de cada mil mujeres en reclusión son madres o tienen responsabilidades de cuidado, lo que implica afectaciones directas a niñas, niños y otros dependientes. A esto se suma que solo 57 por ciento de las mujeres recluidas en centros penitenciarios del estado dijeron sentirse seguras, mientras que 51.3 % afirmó haber sido víctima de algún tipo de agresión o violencia dentro del penal, lo que pone en evidencia carencias graves en materia de protección, condiciones dignas y perspectiva de género dentro del sistema penitenciario potosino.

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En conjunto, los datos muestran que, aunque hay menos personas encarceladas que hace diez años, el sistema sigue enfrentando problemas estructurales, como la lentitud judicial, el uso excesivo de la prisión preventiva y la falta de condiciones adecuadas, especialmente para mujeres y adolescentes. El reto, según especialistas, no solo está en reducir cifras, sino en garantizar procesos justos, sentencias oportunas y entornos seguros dentro de los centros de reclusión.