Movimiento Ciudadano presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales que, según su coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez, busca convertir el agua en un bien público garantizado por el Estado y democratizar el acceso mediante reglas claras para concesiones, subsidios y responsabilidad infraestructural.

“Movimiento Ciudadano está listo para esta discusión y celebra que la Presidenta de la República ponga una propuesta sobre la mesa”, dijo Álvarez Máynez al respaldar la iniciativa que envió la titular del Ejecutivo y al recordar que la ausencia de una ley completa en la materia constituye “una omisión legislativa grave” que el Congreso debe subsanar.

El planteamiento emecista centra su propuesta en la justicia hídrica, un concepto transversal que, explicaron, debe combinar la garantía de un mínimo vital por persona con mecanismos que incentiven la reducción de consumos excesivos y la reorientación de subsidios según el uso real.

“El agua no puede ser un bien transaccional, no puede estar para quien pague más, para quien tenga el privilegio de acceder a una concesión”, advirtió el coordinador.

Durante su intervención, Álvarez Máynez insistió en que la discusión no puede limitarse al consumo doméstico -que representa apenas el 12% del uso de agua en México- y que es imprescindible regular los grandes consumos agrícolas, industriales y de plantas hidroeléctricas, que concentran la mayor parte del recurso.

Enfatizó la urgencia de impulsar una tecnificación del campo y políticas que atiendan los usos productivos del agua para avanzar en equidad y eficiencia.

Nueva Ley con enfoque de justicia hídrica y acceso garantizado

El coordinador emecista vinculó la crisis hídrica con problemas estructurales del país y planteó el agua como elemento estratégico para el desarrollo nacional.

“México tiene tres limitantes al desarrollo … la impunidad prevaleciente en el país y la falta de acceso a dos bienes estratégicos, casi de manera ya estructural en el país; a la generación de energía eléctrica, y a la disponibilidad de agua”, dijo.

Entre las propuestas concretas que promueve la bancada naranja están:

·      Reformular el régimen de concesiones para hacerlo más democrático y sujeto a controles de interés público.

·      Establecer subsidios diferenciados ligados al consumo y mecanismos para acercar los consumos altos al umbral mínimo (por ejemplo, la garantía de 100 litros propuesta por la senadora Amalia García).

·      Crear incentivos y programas de tecnificación agrícola para reducir el consumo hídrico en el campo.

·      Fortalecer la infraestructura hidráulica mediante mayor inversión y coordinación intergubernamental.

·      Evaluar la creación de una Secretaría de Agua y Saneamiento con capacidad presupuestaria e institucional para dirigir políticas nacionales en la materia.

“Lamentablemente hoy todos somos testigos de las consecuencias que tiene la falta de infraestructura”, señaló Álvarez Máynez, al tiempo que llamó a reconocer que, si bien los fenómenos climatológicos son cada vez más impredecibles por el cambio climático, la existencia de infraestructura adecuada puede mitigar su impacto.

El mensaje de Movimiento Ciudadano fue un llamado a la sensatez y la apertura política para debatir y enriquecer la iniciativa presidencial, incorporando propuestas que, dijeron, retoman aportes previos de la propia bancada, como los del entonces coordinador Braulio López Ochoa y la senadora Laura Ballesteros.

“Queremos asistir con ideas, con alternativas que retoman algunas cosas que ya se presentaron acá”, afirmó el dirigente.

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Con información de Excélsior