Durante los últimos años, la crítica contra el mito de la meritocracia ha sido demoledora: no es cierto que gobiernan los mejores, que “la hacen” los más preparados ni que acaban teniendo más recursos quienes le echan más ganas. Eso es empíricamente falso, hay una infinidad de circunstancias injustas, fuera del control de las personas a las que impactan, que influyen decisivamente en sus resultados de vida (por ejemplo, dónde nacen, dónde viven, cuál es el nivel de ingreso y escolaridad de sus padres, cuál es su género o su color de piel, etcétera). El mito de la meritocracia ha funcionado, sin embargo, para normalizar la desigualdad de oportunidades como si fuera fundamentalmente resultado del esfuerzo individual (la “agencia”) y no un producto del contexto social en el que dicho esfuerzo se despliega (la “estructura”). Hay muchos estudios al respecto. Uno reciente y accesible para el caso mexicano es el de Roberto Vélez Grajales y Luis Ángel Monroy Gómez-Franco. Acá una larga conversación que tuve con ellos al respecto: https://shorturl.at/L8Nzd Con todo, el hecho de que la meritocracia sea una ideología que trata de justificar el status quo no significa que el mérito, como tal, no exista. Hay condiciones que interfieren a favor o en contra de los individuos, privilegios o desventajas que impiden que su trayectoria de vida refleje realmente su esfuerzo (o su falta de). Pero la justicia social, en ese sentido, no consiste en ignorar el mérito, sino en que la sociedad se organice de tal modo que no sean las circunstancias que no dependen de ellas, sino los verdaderos méritos de las personas, lo que determine su trayectoria de vida. Lo que acaba de ocurrir con el Poder Judicial de la Federación es un doloroso ejemplo de lo que puede pasar cuando se “confunde” la denuncia del mito de la meritocracia con la batalla en contra del mérito. Desde el punto de vista de las personas juzgadoras, lo justo hubiera sido someterlas a una evaluación exhaustiva, no abandonarlas a la suerte de un mecanismo absolutamente incapaz de distinguir sus méritos (o, insisto, su falta de ellos). En la tómbola da igual quiénes han sido corruptos y quienes han sido íntegros, quiénes han desarrollado un buen récord jurisdiccional y quiénes no; si están ahí por palancas con la “familia judicial” o porque de veras se esforzaron para labrarse una carrera propia. La mala reputación del sistema de justicia mexicano ha terminado sirviendo no como un motivo para diagnosticar sus causas y proponer soluciones, sino como una coartada para mandar al Poder Judicial al diablo. La tómbola no sólo es una injusticia contra las personas juzgadoras sino que, además, no le ofrece a la ciudadanía ni la menor garantía de que quienes las sustituyan tengan más méritos o vayan a ser mejores. Al contrario, lo deja todo al azar. POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG