A unas semanas de que se conozca el Informe del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas sobre la situación en México, la Secretaría de Gobernación reiteró el compromiso de abrirse al escrutinio internacional respecto a este problema y atender puntualmente todas las recomendaciones que se emitan. Al participar en un conversatorio sobre los retos y perspectivas en la materia a partir de la primera visita que hizo el Grupo de Trabajo de la ONU a nuestro país en 1982, la segunda en 2011 y recientemente, en noviembre pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que al día de hoy se tienen reportados 98 mil 885 casos de desapariciones forzadas o personas no localizadas, lo que pone en manifiesto el tamaño del reto. "Quiero aprovechar este espacio para ratificar que el Gobierno de México está abierto plenamente al escrutinio internacional, que tenemos conciencia de la importancia de la cooperación internacional para enfrentar estas situaciones adversas y asumo, como lo dije desde hace varios meses cuando la visita del Comité de Desapariciones Forzadas, que vamos a cumplir puntualmente con todas las recomendaciones que este comité emita y haremos un esfuerzo para que otros órdenes de gobierno, particularmente en el ámbito de procuración e impartición de justicia hagan lo propio porque sin lugar a dudas ahí es donde tenemos de las mayores asignaturas pendientes para encarar este problema”, dijo. Dos problemas adicionales que se enfrentan sobre este mismo fenómeno, reconoció Encinas, son, por un lado, la necesidad de identificar más de 50 mil cuerpos que se localizaron en fosas comunes o que permanecen en servicios forenses. El otro, que, de igual forma, se dejó crecer desde hace varias décadas, fue el de impunidad, sostuvo. “Un país con 98 mil 885 desaparecidos o no localizados el día de hoy, en donde solamente se registran 35 sentencias por desaparición da cuenta del enorme rezago que las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia tienen con las victimas para poder resolver este problema. “Si no se castiga a los perpetradores, a los responsables, aunque se hagan muchos esfuerzos para enfrentar el problema, vamos a tardar mucho más tiempo”, advirtió.

Ante integrantes del grupo de trabajo sobre desapariciones de la ONU, especialistas y activistas, el funcionario destacó algunos avances, aunque insuficientes, para resolver la situación. En primer lugar, que, como Estado mexicano se haya reconocido el problema de las desapariciones forzadas, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda con su registro nacional, la instalación de las 32 comisiones locales, el funcionamiento del Sistema Nacional que con trabas de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), sigue adelante. Hemos tenido, lamentablemente, tensiones que a mi juicio eran innecesarias con la Fiscalía General de la República para que cumpla con su responsabilidad de hacer las labores de búsqueda e investigación de las denuncias, pero incluso llegamos al extremo de debatir sobre si existía o no el derecho de las personas a ser buscadas en caso de desaparición y coincido con lo que aquí se ha señalado que la reforma a la Ley Orgánica de la FGR implicó una regresión de lo alcanzado”, dijo.

LAS DESAPARICIONES, UN FENÓMENO AL ALZA EN MÉXICO En la reunión virtual, Gabriela Citroni, del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos de la ONU, advirtió que el fenómeno de las desapariciones forzadas en México a partir de la primera visita oficial que hizo el organismo a nuestro país hace 40 años, la segunda hace 10 y la más reciente el año pasado se ha venido agudizando. “Para mi volver a leer el informe de 1982 fue muy fuerte y quizá un poco triste, en ese entonces el grupo de trabajo registraba 43 casos en total con respecto a México —un número tristemente simbólico para las desapariciones forzadas— y hoy día hablamos de un número incomparable, miles y miles más, casi 100 mil y no nos olvidemos que cuando damos el número de una persona desaparecida tenemos que multiplicarlo por todas aquellas y aquellos que lo rodean, sus familiares, sus compañeros de trabajo, del colegio. “Si decimos 100 mil, en realidad estamos hablando de un número mucho más amplio en términos de alcance del sufrimiento, del dolor y de la victimización”, explicó. Luciano Hazan, de este mismo grupo de trabajo resaltó la legislación aprobada en nuestro país en los últimos años, como la Ley General de Víctimas, Ley para combatir la Desaparición, el Protocolo de Búsqueda, la aceptación de la visita del Comité de la ONU, la creación del Mecanismo de Identificación Forense y recientemente el Comité de la Verdad por casos de la llamada guerra sucia, sin embargo, hoy lo que hace falta es que todos estos instrumentos jurídicos se ejecuten con fuerza y en todo el país. “Somos conscientes de las dificultades que conlleva un país federal y de grandes dimensiones territoriales, pero son miles las familias que siguen buscando y no hay tiempo que esperar. Sabemos que se requieren recursos y esa debe ser prioridad. Además, se requieren políticas para frenar las desapariciones porque si algo distingue a México de otros países es que sigue habiendo desapariciones de manera sostenida, mientras se sigue la búsqueda de personas hay muchas más que siguen desapareciendo”, advirtió. La reciente visita a México de la delegación oficial del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU visitó durante 13 días 12 entidades federativas para reunirse con autoridades federales y estatales. También se reunieron con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones internacionales y asistieron a exhumaciones realizadas por las autoridades y grupos de víctimas. El informe oficial será discutido y adoptado por el pleno del Comité durante su 22° Período de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 28 de marzo y el 8 de abril del presente año.

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Con información de Excélsior