El gobierno de México defendió ante los integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos sus argumentos para demandar a la empresa fabricante de armas Smith & Wesson y al distribuidor Interstate Arms.

El caso llegó hasta el máximo tribunal estadounidense después del fallo de un tribunal inferior que permitió que la demanda continuara, al considerar que las empresas facilitaron y fomentaron la venta ilegal de armas hacia México.

Los jueces deberán decidir si la demanda de México debe ser analizada o desestimada en virtud de una ley federal llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a las empresas de armas de responsabilidad por crímenes cometidos con sus productos.

A su salida, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo que fue un día histórico ya que México pudo manifestar su preocupación por las armas que llegan de forma ilegal. Arrocha insistió en que México cuenta con leyes estrictas en la materia, ya que sólo hay un vendedor de armas en todo el país.

“Sin embargo, las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”.

El consultor jurídico señaló que todas estas armas se utilizan para herir y matar a decenas de miles de mexicanos cada año, y ocurre gracias al flujo de armas que se trafican ilegalmente, todos los días desde Estados Unidos. “Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa”, aseveró.

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Asimismo, el representante de México ante la Corte Suprema remarcó que para frenar a los cárteles, tema que preocupa mucho a la administración del presidente Donald Trump, “es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego”.

Con información de El Financiero