En la discusión pública sobre los sectores estratégicos del país, pocas veces se reconoce la relevancia de la industria del gas LP.

No se trata únicamente de un combustible, sino de un servicio esencial que llega a más de 27 millones de hogares.

Su presencia se extiende también a hospitales, escuelas, negocios familiares, tortillerías, panaderías, restaurantes, hoteles, lavanderías y muchos otros espacios productivos que requieren de un abasto seguro y constante.

Esta red de distribución, que funciona en calles, plantas, estaciones de servicio y rutas locales, depende de la labor de más de 200 mil trabajadores. Choferes, despachadores, ayudantes, técnicos, personal de mantenimiento y administrativos forman parte de una estructura operativa que ha funcionado durante décadas con un alto grado de compromiso.

Es un sector que no se detiene, incluso en los momentos más complejos, como lo demostraron durante la pandemia. Sin embargo, hoy enfrentan la silenciosa amenaza de una tarifa de distribución que no cubre sus costos mínimos.

Las voces del gremio han planteado la necesidad de revisar esta tarifa. No piden beneficios extraordinarios ni trato preferencial, sino un ajuste que permita cubrir los gastos reales de operación y que evite más despidos, deterioro en infraestructura y exposición a riesgos.

El impacto económico se refleja ya en la reducción de rutas, aplazamiento de inversiones en seguridad, cancelación de proyectos de expansión y el avance del mercado informal, conocido como huachigas, que ocupa los espacios que deja la distribución formal, el cual no solo pone en riesgo el abasto, también representa un problema de seguridad pública que afecta directamente a consumidores y autoridades locales.

Afortunadamente, ya se han abierto espacios de diálogo con las autoridades. La Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Luz Elena González Escobar, ha sostenido reuniones con representantes del sector. También, se avanza en la construcción de una nueva Comisión Nacional de Energía, que asumirá funciones regulatorias. La expectativa es que, en medio de esta transición, no se pierda de vista lo urgente.

Las decisiones técnicas no deben aplazarse por la espera de una estructura formal. Una tarifa justa no solo protege el empleo y fortalece a las empresas que cumplen la ley, también garantiza el acceso equitativo al gas LP para millones de familias. La estabilidad del sector beneficia a todos. Por eso, ojalá que el esfuerzo por construir una nueva institucionalidad energética incluya desde ahora soluciones concretas para quienes llevan el gas hasta las puertas de cada hogar.

BUENA SEMANA

Pese a los hechos de violencia y año y medio después del impacto de OTIS, la ocupación hotelera en Acapulco superó 75 por ciento de ocupación tal como lo esperaban los miembros de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), que lleva José Luis Smithers.

POR JAIME NÚÑEZ  

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