La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más corrosivos para la economía, la confianza y la cohesión social en México. Su crecimiento acelerado en los últimos años y su ataque directo al corazón del tejido productivo —empresas de todos los tamaños, comercios, transportistas, emprendedores y quienes generan empleo todos los días— la han transformado en una amenaza de carácter estructural.

A diferencia de otros delitos, la extorsión roba dinero y tranquilidad. Inhibe la inversión, frena el crecimiento y obliga a miles de negocios a operar bajo amenaza permanente o, en el peor de los casos, a cerrar. Es un impuesto criminal invisible en los presupuestos, pero que muchos terminan pagando.

Su comportamiento confirma ese carácter estructural. Es un delito con alta capacidad de adaptación y expansión territorial que afecta de manera directa a comercios, empresas de servicios, transportistas y trabajadores independientes. En los primeros once meses del año alcanzó un máximo histórico, con un crecimiento superior al 63 por ciento respecto del mismo periodo de 2018.

Por ello resulta relevante que, por primera vez en mucho tiempo, el combate a la extorsión se coloque como una prioridad nacional, con una visión de Estado y no como una suma de esfuerzos aislados.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado con claridad que la estrategia contra la extorsión debe ser nacional, coordinada y con resultados medibles. La propuesta de una Ley Nacional contra la Extorsión, junto con la alineación de los 32 gobiernos estatales, marca un cambio profundo. El planteamiento es pasar de un combate fragmentado a enfrentarla como un fenómeno estructural que exige inteligencia, focalización, coordinación, un marco legal homogéneo y voluntad política.

A ello se suma el papel del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuyo enfoque operativo y técnico, sustentado en inteligencia, ha demostrado que cuando el Estado actúa con información, coordinación y capacidad de ejecución, los resultados pueden aparecer.

La combinación de estos tres elementos —marco legal, alineación política y operación profesional— permite pensar que, esta vez, la estrategia tiene condiciones para ofrecer resultados en el corto y mediano plazo.

Desde la perspectiva empresarial, esto es crucial. No hay nearshoring posible, ni desarrollo regional sostenible, ni fortalecimiento de las PYMES sin condiciones mínimas de seguridad y legalidad. La extorsión no es solo un problema de seguridad pública; es un obstáculo directo al crecimiento económico, la competitividad, el empleo y el bienestar social.

Combatirla no representa un favor al empresariado. Constituye una condición indispensable para el desarrollo del país.

El reto, sin embargo, es enorme. La extorsión es un delito adaptable, silencioso y profundamente dañino. Requiere detenciones, desarticulación de redes, bloqueo financiero, protección efectiva a denunciantes y, sobre todo, confianza ciudadana para denunciar sin miedo.

El mensaje que hoy envía el gobierno federal parece distinto. La extorsión dejó de ser un delito tolerado o invisibilizado y pasó a convertirse en un objetivo prioritario del Estado mexicano.

Es una buena noticia para las empresas, las familias y el futuro del país.

Para el sector productivo, acompañar esta estrategia no implica renunciar a la crítica ni al escrutinio. Significa asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida y que, cuando Estado y sociedad avanzan en la misma dirección, los cambios se vuelven posibles.

México no puede aceptar que emprender se convierta en un acto de valentía ni que trabajar implique un riesgo. Recuperar la tranquilidad para producir, invertir y crecer es, probablemente, la tarea más importante de esta etapa.

Hoy, por primera vez en mucho tiempo, esa tarea parece asumirse con seriedad, coordinación y sentido de urgencia. Ojalá se mantenga en esa dirección.

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Con información de Excélsior