A veces escuchamos hablar de la democracia en destrucción durante este sexenio.

Más bien, debería decirse del proyecto democrático que estaba en desarrollo y fue interrumpido por el actual gobierno, so pretexto de costos. Porque la realidad es que desde los años 90 México estaba embarcado en un proceso de largo plazo para crear instituciones independientes que sirvieran como contrapesos al poder Ejecutivo y supervisaran procesos electorales, cotejaran la cuenta pública, garantizaran transparencia y fortalecieran así a los poderes legislativo y judicial. No estábamos, ni como país, ni como sociedad, cerca de concluir un trabajo que podría definirse como generacional para crear una democracia capaz de enfrentar corruptela o influyentismo. Pero sí estábamos mejor que hace 50 años, incluso que en los años 90, cuando se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) y comenzó el proceso de organizar mecanismos electorales fuera del interesado control gubernamental. No eran perfectos. Ni de lejos. Tenían que luchar además contra inercias y poderes regionales, contra prácticas supervivientes integrados en nuevos partidos y amparada en los estados. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Tanto que el sistema caído de 1988 dio lugar a las elecciones competitivas de 2006, 2012 y 2018; la participación ciudadana como observadores electorales o funcionarios de casilla mejoró, junto con la participación de partidos políticos que a veces perdieron militantes en su gesta por demandar elecciones limpias y confiables. No era, ni es, un camino fácil ni directo. No hay democracia por decreto, y se hizo necesario crear institutos complementarios, como el de Acceso a la Información (INAI), e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Que cada una de ellas tuvo aciertos y desacatos es público y notorio. Pero con tropezones y todo y gracias a grandes esfuerzos comenzaban a funcionar como se esperaba, y a tener efecto en un sistema especializado en retorcer árboles. Qué instituciones como el IFE y organismos como el Poder Judicial quedaron lo suficientemente fortalecidos y con sentido de independencia como para desafiar al menos temporalmente el embate de un Poder Ejecutivo encabezado por un mandatario muy popular es un hecho palpable. Que eran, y probablemente sigan siendo, instituciones caras es cierto. Pero pocos creen que un empleado mal pagado no pueda ser proclive a vender favores o ajustar sus ideologías a cambio de sus servicios, o sus conocimientos. La coalición gobernante atrajo a personas idealistas y creyentes en la posibilidad de cambio, pero también a elementos muy pragmáticos, o de plano oportunistas, que vieron en ella las posibilidades de avance político o de preservación de poder o prebendas que no hubieran podido lograr de otra forma. En fin, el camino a una sociedad más democrática no ha sido destruido, aunque ahora parezca un tanto maltrecho.  Eventualmente, sin embargo, continuará. Tal vez con otras formas, pero es inevitable. POR: JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  [email protected]        @CARRENOJOSE