México superó el lunes, 16 de mayo de 2022, el registro de los 100,000 desaparecidos en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias. Aunque era esperado desde hace semanas, el anuncio de la cifra por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda generó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos que exigieron al gobierno tomar acciones “urgentes” y “contundentes” para atender lo que consideraron como la “grave crisis de desapariciones e identificación humana”. El fenómeno de las desapariciones en México se inició entre las décadas de 1960-1980, pero las cifras se dispararon a partir de la década de 2000 con el incremento de las actividades del narcotráfico y la guerra contra los carteles que emprendió el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012). “Exigimos que se atienda esta crisis de forma integral e inmediata en proporción a este desgarrador número de personas desaparecidas”, afirmó el lunes el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a varias decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas, al manifestar alarma por la cifra. La organización exhortó al gobierno adoptar las recomendaciones que realizó el mes pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que pidió a las autoridades mexicanas tomar “medidas inmediatas” para poner fin a la “alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas”, entre ellas de niños, adolescentes y mujeres, que consideraron como una “tragedia humana”, y que aseguraron que es alentada por una “absoluta impunidad”. Tras el informe del Comité de la ONU, Andrés Manuel López Obrador defendió la actuación de su gobierno para atender la crisis de los desaparecidos y dijo que “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, la impunidad”. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías estatales y les exigió en un comunicado que “asuman sus responsabilidades de forma cabal en materia de búsqueda e investigación, y trabajen concertada y firmemente con las familias y otras autoridades”. Asimismo, pidieron a la Fiscalía General de la República que avance en la creación del “Banco Nacional de Datos Forenses y del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas”, y se reconozca a los cientos de personas que buscan a sus familiares, algunos de los cuales enfrentan amenazas y violencia, como defensores de derechos humanos y se les garantice la protección. De igual forma, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las principales organizaciones humanitarias del país, expresó preocupación por el registro y dijo en su cuenta de Twitter que “aún está pendiente una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones”, tal como lo recomendó el grupo de expertos de la ONU que visitó el país latinoamericano en noviembre pasado. En su informe el Comité contra la Desaparición Forzada admitió que los responsables del crecimiento de las desapariciones en México eran los servidores públicos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado, al que consideró como “perpetrador central de las desapariciones”. El grupo de expertos manifestó inquietud por la desaparición de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021 y la “victimización de las mujeres”, ya que durante las desapariciones son las que se quedan a cargo de las familias y se encargan de la búsqueda de sus seres queridos por sus propios medios. Asimismo, el Comité contra la Desaparición Forzada consideró como “insuficientes” los servicios forenses de México, situación que ha llevado a más de 52.000 personas fallecidas no identificadas que se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense. --

Con información de Noticieros Televisa