“La continua revelación de corrupción de alto nivel vinculada a los grupos delincuenciales y su aparente control del territorio mexicano demuestra que las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) están más arraigadas que nunca", afirmó un reciente reporte del Congreso estadounidense. El texto del Servicio de Investigación Congresional (CRS) de Estados Unidos es prácticamente neutro, clínico, y por ello, de una dureza multiplicada. Refleja un país en problemas, tanto que algunos analistas estadounidenses hablan hasta de "insurgencia criminal". "En 2022, la cooperación en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México sigue siendo más débil que durante los 15 años anteriores", señaló el reporte y puntualizó que "la creciente diversidad de la criminalidad de los cárteles, las continuas demandas globales de narcóticos y la débil cooperación entre las fuerzas del orden público de ambas naciones apuntan a una amenaza de TCO, tanto para EU como para México". No hay ninguna advertencia, ni señalamientos de informes clandestinos. Son reportes derivados de declaraciones públicas, difundidas en medios estadounidenses y mexicanos, por académicos o especialistas en seguridad de los dos países. Y el balance dista mucho de ser halagüeño. "El gobierno del (presidente Andrés Manuel) López Obrador enfrenta algunas denuncias de corrupción de funcionarios públicos, políticos de su partido y miembros de las Fuerzas Policiales del país relacionadas con Organizaciones Traficantes de Drogas (DTO, por sus siglas en inglés)". Siempre, según el texto hecho para lectura de los miembros del Congreso estadounidense, "los factores estructurales que plagan la lucha de México por la seguridad y la estabilidad incluyen la impunidad criminal persistente, la corrupción arraigada y la demanda constante de drogas ilegales por parte de los usuarios de drogas estadounidenses y europeos".  En su contenido, el texto hace un somero recuento y análisis de los diversos grupos narcotraficantes del país y, entre otras cosas, apunta que la desaparición de los "capos tradicionales", con asociaciones familiares, y que "gobernaban" sus organizaciones desde una posición central, ha dado lugar a redes más pequeñas, altamente fracturados, competitivos "y, a menudo, ultraviolentos".  El documento destaca que la Guardia Nacional ha enfrentado menos denuncias por violaciones a derechos humanos que bajo gobiernos anteriores, pero la estrategia de combate militarizado al narcotráfico "no ha debilitado efectivamente a los grupos criminales". Partes de ese reporte recuerdan otros escritos en las últimas tres décadas. Los problemas de la lucha contra las drogas, de la impunidad a la corrupción y la interacción de traficantes y autoridades no es nueva: las cosas no han cambiado mucho desde el asesinato de Manuel Buendía, en 1984. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

[email protected]

@CARRENOJOSE1