El probable juicio de arraigo del jefe narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada pone al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en una situación más que incómoda.

Está entre los míticos monstruos de Escila y Caribdis: ponerse en el papel de aliado de los cárteles y defender a Zambada como víctima de un secuestro ilegal, o hacer de la vista gorda ante la opinión pública para “pasar” de un hecho que muchos creen puede ayudar electoralmente al gobierno del presidente Joe Biden y a la campaña electoral de la vicepresidenta Kamala Harris.

De creer a Frank Pérez, abogado de Zambada, el que ha sido definido como principal jefe del Cártel de Sinaloa, una de las mayores empresas criminales del mundo, fue secuestrado por su aliado Joaquín Guzmán y llevado contra su voluntad a un aeropuerto cerca de El Paso (Texas), donde fue detenido por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense.

Los motivos de Guzmán permanecen en el misterio, pero se habla sobre todo de venganza, de un trato para beneficiar a su familia -el padre y uno de sus hermanos están presos en Estados Unidos-.

Y el gobierno mexicano afirma no haber participado, ni saber nada, ni haber sido enterado.

Pero la propuesta de la defensa inicial hace recordar el caso del médico Humberto Álvarez Machain, que en 1990 fue secuestrado en Guadalajara por agentes mexicanos y de la Agencia Antidrogas (DEA) por su presunta participación en la tortura y asesinato en 1985 del secuestrado agente Enrique “Kiki” Camarena.

En ese marco, el gobierno López Obrador se ve ante una disyuntiva incómoda. Por un lado, debe preocuparse por lo menos sobre las circunstancias de la captura de Zambada y la vigilancia sobre la legalidad de su proceso, sobre todo ante las amenazas de intervención armada planteadas por los republicanos estadounidenses, pero no tanto como para parecer que le importa más Zambada que cualquier otro mexicano sometido al proceso policíaco-judicial en ese país.

El problema es que tampoco es como si hubiera en México una oleada de entusiasmo por lograr la devolución del jefe narcotraficante y probar sus supuestas influencias, pero sí hay preocupación por las circunstancias de la acción estadounidense y sus consecuencias.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

COLABORADOR 

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