El temor que existe entre inversionistas extranjeros por las implicaciones de la Reforma Judicial podría convertirse en una realidad porque, de acuerdo con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), México es el país más demandado en el último año ante esa instancia. Nuestro gobierno registró nueve arbitrajes por decisiones que, de acuerdo con los demandantes, afectan las condiciones de inversión suscritas en acuerdos internacionales. En esta lista le siguen Argentina y Honduras, con tres cada uno; y Bélgica, Alemania, Colombia, Perú y Panamá, dos cada uno de ellos. Los nueve casos contra México fueron interpuestos por Silver Bull Resources, Arbor Confections Inc, First Majestic Silver Corp., Mario Noriega Willars, Cyrus Capital Partners, Caisse de dépôt et placement du Québec, Fotowatio, Bacanora y Almaden Minerals. Estos se suman a otros, como el que se resolvió de la empresa Odyssey Marine Exploration, en cuyo dictamen final obligan a nuestro país a pagar una indemnización de 37 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur. En los últimos días del gobierno de López Obrador, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada entonces por María Luisa Albores, se negó a reconocer el laudo y anunció que impugnará la decisión. Otro caso más mediático es el de Vulcan Materials, propietaria de la cantera Calica en Playa del Carmen. Este arbitraje inició en el 2019 y aún no se resuelve. A pesar de esto nuestro gobierno decidió adelantarse. Declararon las dos mil hectáreas y el puerto privado de Punta Venado como área natural protegida. Con esta decisión la empresa no pierde la propiedad. No se trata de una expropiación, según las autoridades. A lo que está obligada, me dice un funcionario de primer nivel, es a cambiar el giro de su negocio porque la extracción de caliza, que realizó durante 38 años, provocó afectaciones a 13 de 20 cenotes de la región y otros daños irreversibles. Pero el litigio sigue. La parte mexicana propuso comprar el terreno sin obtener respuesta favorable. La compañía no aceptó el precio. Se espera, entonces, que el fallo se dé a finales de año. En éste y otros casos, las firmas y el gobierno deben elegir a la instancia que los represente y, de manera conjunta, al juez que integra un comité para atender el litigio. Es una facultad de la Secretaría de Economía. Sin embargo, en el sexenio anterior se desmanteló el área encargada de estos asuntos. En ese contexto, la intervención de Marcelo Ebrard, titular de Economía, junto con la presidenta Sheinbaum, para tratar de convencer a los inversionistas de que en México se respeta el Estado de derecho, tiene un asunto de fondo en las relaciones multilaterales, pero también en la manera en la que el país, al menos hasta el pasado 30 de septiembre, desestimó y desconoció los laudos de tribunales internacionales. *** QUITÓ ADÁN AUGUSTO el control del Canal del Congreso a Ricardo Monreal. Por instrucciones del coordinador de Morena en el Senado de la República, el ex senador por Yucatán, Raúl Paz Alonso, tomará las riendas del principal medio de comunicación del Legislativo. Sustituirá al monrealista Eduardo Fernández, quien fue nombrado para ocupar el cargo de 2023 a 2027. *** EL CONGRESO bateó ya la propuesta de incremento presupuestal para el Poder Judicial. Los ministros, que encabeza Norma Piña, sufrirán una reducción significativa en su salario. De los 500 mil pesos que reciben por mes, incluidas prestaciones, ganarán menos que la Presidenta de México. *** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Los litigios internacionales son como los vuelos de larga distancia: costosos, interminables y nadie sabe con certeza cuándo aterrizará”. POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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