Histórica y tradicionalmente, la cuestión migratoria ha estado en el centro de una polémica en los Estados Unidos, donde lo que hace unos meses fue una muy publicitada política de arrestos y expulsiones en masa, dio paso a una campaña más discreta, pero igual o más eficiente.

Ciertamente, la discreción y los cambios en la forma de hacer expulsiones no implican un cambio de política, pese a que el problema migratorio parece haber pasado a un segundo término ante las preocupaciones derivadas de la economía en general y el costo de vida en particular, así como la guerra en Irán.

La presencia pública de agentes enmascarados, con equipo de combate urbano que realizaban detenciones de familias con niños pequeños con lujo de violencia, parece haber casi desaparecido los últimos dos meses.

Oficialmente, se dice que el por ahora secretario interino de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, trata de "estabilizar" y en alguna medida reorganizar al departamento, que abarca al menos seis organizaciones policiacas, incluso la patrulla fronteriza y la policía migratoria y de aduanas (ICE).

Pero más allá de esos y otros cambios, Mullin está entre las críticas de la oposición demócrata y los partidarios de la migración, para quienes los cambios de Mullin no van lo suficientemente lejos, como de los partidarios de la línea dura, en la base política del presidente Donald Trump, que argumentan que es demasiado blando.

La política de Mullin contrasta ciertamente con la de su antecesora, Kristi Noem, que parecía alentar "shows" de dureza y abuso protagonizados por agentes de la Patrulla Fronteriza (BP) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el invierno 2025-2026, hasta marzo de este año, que sin embargo ayudaron a un cambio de opinión de los estadounidenses respecto a la ejecución de la política migratoria.

Ese cambio se reflejaría también en el bajo perfil asumido por Stephen Miller, subjefe de asesores del presidente Donald Trump y partidario de medidas de fuerza contra los migrantes.

El hecho es que de la brutalidad y el público uso de la fuerza como argumentos para desalentar a los indocumentados, las autoridades migratorias estadounidenses parecen haber pasado a la discreción, pero sin quitar el dedo del renglón: el ritmo de deportaciones continúa y el llamado "zar de la frontera", Tom Homan, anunció recientemente que el próximo año se dará prioridad a la expulsión de 900 mil inmigrantes, que, según dijo, ya tienen una orden judicial.

Homan advirtió que el operativo se enfocará en las ciudades santuario y defendió la medida como algo necesario tras años de "fronteras abiertas".

Ahora se anuncia una campaña que de hecho tendría como blanco a los "soñadores", los hijos de indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos como niños y crecieron y se educaron ahí, pero sin ser residentes legales. Un decreto presidencial promulgado por el gobierno de Barack Obama les dio la posibilidad de quedarse pero sin legalizarlos por completo.