Manifestantes se congregaron y algunos instalaron tiendas de campaña en Madrid tras una marcha masiva para protestar contra el desahucio de una mujer de 87 años del inmueble en el que había vivido casi toda su vida, y reclamar una mayor protección para los inquilinos.

Las imágenes de Maricarmen Abascal siendo sacada en camilla de su apartamento en Madrid el miércoles, después de que la policía derribara la puerta, puso de nuevo en el centro del debate la crisis de la vivienda en España, a poco más de un año de las elecciones generales previstas para 2027.

Decenas de miles de personas marcharon por el centro de la capital española con pancartas en las que exigían medidas para frenar el aumento de los costos de la vivienda y dificultar los desahucios.

"Tú podrías ser la próxima Maricarmen", se leía en una de ellas.

Enrique Ortega de Miguel, un diseñador gráfico de 38 años que vive con su madre, aseguró que el mercado inmobiliario en España es "imposible".

"Es difícil encontrar un sitio que puedas permitirte y luego vives con el miedo constante a que te echen", dijo a la AFP en la protesta, que terminó frente al Congreso de los Diputados.

El desahucio de Maricarmen ha provocado una conmoción y es un punto de no retorno", declaró a la prensa al inicio de la marcha Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, pidió a los ciudadanos que se sumen a la lucha en un mensaje de vídeo difundido en internet pocas horas antes de la protesta.

Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas", afirmó en un hospital, donde permanece ingresada por agotamiento desde su desahucio.

"Quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio", añadió.

Las autoridades contabilizaron unos 25 mil manifestantes, mientras que el Sindicato de Inquilinos de Madrid, organizador de la protesta, afirmó que participaron más de 300 mil.

Al terminar la marcha, algunos activistas instalaron un campamento en la Puerta del Sol, neurálgica plaza del centro de Madrid de donde partió la marcha.

"No podemos más. O cae el rentismo o cae el gobierno", dijo en X el sindicato en un comunicado, en el que instó a la población a reunirse allí.

Según un periodista de la AFP presente en el lugar, la policía observaba mientras se instalaba cerca de una decena de tiendas de campaña en la plaza, frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entre miles de manifestantes.

Según el sindicato de inquilinos, Abascal se vio obligada a abandonar el apartamento donde vivió unos 70 años después de que una empresa inmobiliaria adquiriera el inmueble y aumentara el alquiler un 275 por ciento, hasta los 2.650 euros mensuales.

Irene López, una ingeniera de 33 años, dijo que la situación "se está haciendo insostenible".

Hay gente que no puede vivir en las ciudades, los precios del alquiler no están acorde a los salarios", denunció López a la AFP, al describir el desahucio de Abascal como "la gota que ha colmado el vaso".

Otra manifestante, Maricarmen Arnedo, una pensionada de 76 años, dijo que mientras a las personas mayores las están expulsando de sus hogares, "los jóvenes no se pueden emancipar".

"Queremos que bajen los pisos, que bajen los alquileres, porque estoy harta de lavar calzoncillos de mi hijo que tiene 53 años", agregó.

El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien el año pasado prometió convertir la vivienda en una prioridad de su Ejecutivo, afronta una presión creciente para actuar.

Desde el desahucio de Abascal se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país.

Está previsto que el Gobierno apruebe en su próxima reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas bautizado como "decreto Maricarmen", que incluiría la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas restricciones a los desalojos.

Sin embargo, no está claro que el paquete obtenga el respaldo del Parlamento, donde el Ejecutivo de Sánchez carece de mayoría.

Un proyecto de ley similar fue rechazado a principios de este año, aunque el caso de Abascal ha incrementado la presión sobre los partidos políticos para que actúen.

El Banco de España estima que el país, con unos 50 millones de habitantes, tiene un déficit de 700.000 viviendas, según la brecha entre la demanda y la nueva construcción.

España tiene muy poca vivienda pública, mientras que los alquileres se han disparado por el aumento de la demanda, incluida la procedente del turismo y del crecimiento de la población ligado a la migración, según analistas.

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Con información de Excélsior