La propuesta de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales encendió las alertas en el sector terciario. Eduardo Chávez Hidalgo, representante de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) advirtió que, en las condiciones actuales de la economía, la medida podría poner en riesgo la estabilidad del comercio formal y de millones de familias que dependen de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). El dirigente explicó que el comercio establecido opera con horarios extendidos, apertura de lunes a domingo y plantillas reducidas de dos a tres empleados en promedio. “No es lo mismo una empresa grande que un negocio pequeño. Nosotros trabajamos con márgenes muy ajustados y alta rotación de personal”, señaló. De acuerdo con cifras expuestas por el sector, en 2024 el país registró un crecimiento económico de 5.5% y una inflación de 4.51%; sin embargo, la informalidad laboral alcanzó 54.3% a nivel nacional. En ese contexto, Chávez Hidalgo, considera que imponer la reducción de jornada sin apoyos podría incentivar aún más la migración hacia la economía informal. Una encuesta realizada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo), con participación de 258 cámaras y más de 1,200 afiliados a nivel nacional, arrojó que el 67.2% de los encuestados rechaza la reducción a 40 horas sin disminución salarial; el 71.4% anticipa incremento de costos y el 66.7% solicita reducción de impuestos para poder implementarla. Según estimaciones del organismo, el costo adicional por trabajador podría alcanzar los 65 mil pesos anuales, considerando cuotas de seguridad social, aguinaldo y vacaciones. Esto representaría un aumento superior al 25% por empleado, lo que en negocios con tres trabajadores implicaría una carga difícil de absorber. “El sector terciario no está preparado para adoptar esta reforma en los términos planteados. Si abres de 8 de la mañana a 8 de la noche, necesitas dividir turnos o contratar más personal. ¿Cómo lo haces con márgenes tan pequeños?”, cuestionó. Además, señaló que actualmente, aunque la jornada legal es de 48 horas, en promedio se trabajan efectivamente 42 horas. Con la nueva legislación y disposiciones complementarias, estiman que el tiempo productivo podría reducirse incluso a 38 horas reales por semana. Ante este escenario, el comercio organizado propone establecer esquemas de subsidios y apoyos gubernamentales, reducción de cuotas obrero-patronales, deducciones en el impuesto sobre nómina e incentivos a la formalidad. También plantean mayor flexibilidad voluntaria entre empleador y trabajador para acordar esquemas que no afecten ingresos ni productividad. “Si no hay incentivos, muchos trabajadores usarán los días adicionales para emplearse en la informalidad. Eso agravaría un problema que ya supera el 54%”, advirtió. Finalmente, hizo un llamado a legisladores federales y locales para conocer de primera mano la realidad del sector. “Somos más del 90% de las unidades económicas del país. La ley es general, pero la realidad no es igual para todos. Hay que legislar con visión de calle y con datos reales”, concluyó.