Los gobiernos de México, Argentina, Ecuador y Bolivia respaldaron el sábado la continuidad de la Presidencia de Pedro Castillo en Perú, ante las investigaciones penales que enfrenta el mandatario y constantes amenazas de destitución. ¿Y Nicaragua apá? Todo sea por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, aunque parece depender de la interpretación.  En el caso de Perú, ciertamente, hay un problema real, pero va más allá de lo político o de un gobierno asediado por fuerzas reaccionarias. La realidad es que Castillo sería el quinto Presidente impugnado en los últimos seis años, pues el problema es que tiene un sistema con un Congreso poderoso, pero fragmentado, y un Poder Ejecutivo débil. Así podrían testificarlo, Pedro Pablo Kuczynski, 2016-2018; Martín Vizcarra, 2018- 2020; Mercedes Aráoz, del 30 de septiembre de 2019 al 1 de octubre de 2019; Manuel Merino de Lama, del 10 de noviembre de 2020 al 15 de noviembre de 2020; y Francisco R. Sagasti, de noviembre de 2020 a julio de 2021. Ninguno de ellos mereció, por cierto, tanta solidaridad de México, Argentina, Ecuador y Bolivia. Castillo tomó el poder el 28 de julio de 2021, luego de lograr 50.5% del voto contra 49.5% de la derechista Keiko Fujimori, y ya lleva dos intentos de impugnación legal por presunta corruptela. Tan políticamente motivados como los de sus predecesores, que no eran de "izquierda". Castillo es apoyado por un pequeño grupo en el Congreso unicameral, lo que casi garantiza nuevos intentos de reventar su Presidencia. La situación de Nicaragua es distinta. El régimen "revolucionario" sandinista de Daniel Ortega, con 15 años en el poder, esta vez prohibió ya la actuación de más de mil 200 organizaciones no-gubernamentales, de redes de apoyo a mujeres a grupos religiosos y de derechos humanos o medioambientales, por sus vinculaciones con intereses externos.  Igualmente, y gracias a reformas legislativas bastante cuestionables, encarceló a más de 100 militantes de oposición y casi una docena de precandidatos presidenciales, justo en vísperas de las elecciones del año pasado que, por supuesto, ganó "democráticamente" don Daniel. La mayor parte de la izquierda democrática regional ha sido crítica de las acciones del gobierno nicaragüense, al que sus opositores acusan de tratar de establecer una dictadura dinástica, como la que los sandinistas, que encabezó Ortega, y aliados derrocaron en julio de 1979. En el caso del gobierno mexicano, que en mayo de 1979 rompió relaciones con el régimen de Anastasio Somoza por sus abusos contra los DDHH, después de un extrañamiento oficial optó por enviar a un amigo del régimen, el periodista Guillermo Zamora, como embajador de México en Managua. Y no ha vuelto a tocar el tema, por lo menos públicamente.  Parecería haber alguna contradicción.  POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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