La reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aprobada en 2024, enfrenta una nueva revisión en el Congreso, luego de que legisladores de Morena plantearan ajustes a menos de un año de celebrarse las primeras elecciones judiciales.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la posibilidad de posponer la elección de jueces, magistrados y ministros, originalmente prevista para 2027.

De acuerdo con senadores y diputados del partido oficialista, la propuesta surge tras detectar fallas en el primer proceso de elección judicial, donde se identificaron perfiles considerados sin la preparación suficiente para desempeñar funciones dentro del sistema de justicia.

Javier Corral, presidente de la Comisión Judicial del Senado, y Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconocieron en entrevistas que el sistema actual permitió la llegada de candidatos que no cumplen estándares suficientes para ejercer el cargo.

Estos cambios surgen a menos de un año de la implementación del nuevo modelo, que convirtió a México en uno de los pocos países en el mundo donde los juzgadores federales —incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— son elegidos por voto popular.

Morena busca elevar filtros y corregir fallas en la elección judicial

Uno de los principales ajustes planteados por Morena es mover la elección judicial de 2027 a 2028, con el argumento de contar con más tiempo para perfeccionar el criterio de selección de candidatos.

Además del cambio de calendario, la propuesta contempla restablecer evaluaciones técnicas como exámenes de conocimiento y dar mayor peso a la experiencia previa dentro del Poder Judicial, con el fin de garantizar perfiles con mayor especialización.

También se plantea reducir el número de aspirantes en las boletas electorales, luego de que en el primer ejercicio se registraran listas amplias que dificultaron la evaluación ciudadana de los candidatos.

Corral fue tajante al señalar que “un grupo de candidatos no aptos fueron elegidos” y que el diseño actual requiere ajustes para garantizar un proceso “más eficaz, competente y transparente”.

Ramírez Cuéllar, por su parte, ha planteado que los aspirantes deban pasar “al menos un determinado periodo en el poder judicial” y someterse también a procesos de certificación.

Críticas a la primera elección judicial y revisión del modelo

La reforma judicial aprobada en 2024 modificó de manera estructural el sistema de designación de jueces al eliminar mecanismos tradicionales de evaluación obligatoria y abrir la puerta a elecciones populares.

Uno de los principales señalamientos contra la reforma es que redujo los requisitos de elegibilidad: eliminó el examen previo obligatorio, flexibilizó la experiencia mínima y permitió que aspirantes sin trayectoria judicial fueran seleccionados mediante votación.

Esto derivó en preocupaciones dentro de sectores económicos y empresariales, que han expresado desconfianza sobre la independencia y calidad de las decisiones judiciales.

Una encuesta a economistas del banco central reveló que la “falta de Estado de derecho” ha pasado del tercer al segundo puesto en la lista de obstáculos para hacer negocios en México, mientras que un indicador gubernamental de la inversión muestra que esta se detuvo en gran medida después de que se promulgara la reforma, ya que las empresas temían el fin de las decisiones legales independientes.

En este contexto, algunas compañías han optado por mecanismos alternativos como el arbitraje o la mediación para resolver controversias y así evitar recurrir a tribunales, de acuerdo con un análisis de Bloomberg.

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Con información de El Financiero