Se ha dado una respuesta adecuada del gobierno local, contra la violencia de taxistas sobre los conductores de Uber y los turistas en Quintana Roo Una de las últimas veces que fui a Cancún tuve el infortunio de toparme con un taxista mañoso. Al subir a su camioneta en el aeropuerto me dijo que su vehículo presentaba fallas, por lo que sólo podría sacarme de la zona federal para, en el estacionamiento de un Oxxo cercano, cambiarme a otro auto que me llevaría a mi hotel. El trayecto me costaría alrededor de mil 500 a mil 700 pesos (equivalente al precio del vuelo en una línea de bajo costo en temporada baja desde la CDMX).  Pero se trataba de una práctica generalizada: en el Oxxo había decenas de taxis simples, sin placas autorizadas para ingresar al aeropuerto, esperando a más turistas para ser mudados de vehículo.  En otra ocasión otro taxista, éste más honesto, me explicó el modus operandi: el dueño de las placas concesionadas que puede entrar al aeropuerto cobra una proporción elevada del precio final (por ejemplo, 30 por ciento), y regentea a una decena de vehículos en el Oxxo que cobran el resto. ¿Resultado? Todos ganan, menos el turista.  Lo que han hecho los taxistas en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, es convertir un bien público en un bien privado; es decir, apropiarse de la concesión otorgada por el gobierno para impedir la libre competencia.  Como argumento señalan que las placas y permisos tienen un costo elevado.  No obstante, la tecnología cambió todo en los últimos años y la plataforma Uber, que en México dirige Juan Pablo Eiroa, logró un viejo anhelo al obtener un triunfo legal de parte de un tribunal colegiado hace unos días, lo que le permitió abrir el servicio de transporte sin necesidad de placas especiales ni permisos municipales.  Ahora que hemos visto las protestas, bloqueos y la violencia de taxistas contra los conductores de Uber y contra los turistas en Cancún, lo que puede decirse es que ha habido una respuesta adecuada del gobierno morenista de Mara Lezama, quien habilitó a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, a aplicar la ley coordinando la respuesta de la Guardia Nacional y la Marina, para desbloquear las vías de comunicación: “no vamos a ser rehenes de nadie”, dijo la secretaria, quien se hizo acompañar de Patricia Peralta, la presidenta municipal, en un inesperado acto de respaldo a las fuerzas del orden en el kilómetro 28 de la avenida Kukulkán –lugar específico del bloqueo violento–.  También insistió en que habrá cambios a la ley y una mesa de diálogo donde sentará a Uber con los taxistas. Bien.  GENERAL MOTORS  La automotriz que encabeza en México Francisco Garza cerró 2022 con 743 mil unidades producidas en sus fábricas de Ramos Arizpe, Silao y San Luis Potosí. Fue 31 por ciento de incremento respecto de 2021. Su exportación creció más de 30 por ciento, enviando al extranjero 695 mil unidades a 25 países. La empresa reportó alcanzar los 23 mil trabajadores. POR CARLOS MOTA

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