Desde hace un par de semanas circula con insistencia en el primer círculo del poder de la 4T, una trama que involucra a varios personajes de la élite morenista. Se apunta no solo hacia investigaciones, sino órdenes de captura y operaciones para detener a distintos funcionarios del oficialismo. El soporte de las acusaciones serían dichos, sí, pero sobre todo elementos de prueba entregados por criminales mexicanos que se encuentran en cárceles de EU, y de otros tantos que han formalizado acuerdos con el gobierno estadounidense o están en proceso de hacerlo. En el radar de la justicia norteamericana hay cada vez más políticos de la 4T. Se señalan vínculos inconfesables y presuntos nexos con la delincuencia organizada y sus líderes. Las acusaciones van de la protección hacia cárteles, la permisividad para el trasiego de droga, la tolerancia hacia el huachicol. Entre los mencionados, estarían, entre otros, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el de Tamaulipas, Américo Villarreal, y la de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ésta última, la madrugada del domingo, en un mensaje (12:12 am) en sus redes sociales, reconoció que el gobierno de EU le retiró la visa al igual que a su esposo. "Mi esposo ha enfrentado una situación y, como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. "Estoy segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. "Mi respaldo hacia él no es sólo personal, es moral y político (…) esta situación se da en un contexto Binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona”, señaló. El matrimonio que solía cruzar a EU con frecuencia -incluso el bebé de ambos nació en California, el 14 de enero del 2022-, ya no podrá hacerlo. La medida no sería un caso aislado. Fuentes con información de las indagatorias en EU, apuntan que, entre otros nombres, aparecen mencionados en expedientes e investigaciones del departamento de Justicia de EU, Rocha y Villarreal, pero también otros, como el michoacano Alfredo Ramírez Bedolla y el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, hoy cónsul en Miami. De ese nivel, hacía abajo, la lista es larga. Hay varios diputados federales y locales en activo, además de decenas de presidentes municipales y funcionarios públicos que tendrían vínculos con el crimen organizado, sobre todo de los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Veracruz, Zacatecas y el Edomex, aunque los hay de más de medio país. Con el nivel de involucramiento sería difícil explicar las redes de apoyo y cobijo que permitieron ese contubernio durante el sexenio pasado. ¿Quién les permitió ocupar las posiciones que tienen? Algunos nombres aparecerán antes, otros en el correr de los juicios que están por comenzar en EU. En el gobierno de la presidenta Sheinbaum están enterados de varios de estos casos. Su contraparte estadounidense les ha informado. La pregunta es, ¿qué hará la 4T cuando vengan por los suyos? ¿Y hasta dónde llegarían los nexos? POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN   

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