Siguiendo con las anomalías detectadas en el tercer informe de la Auditoría Superior de la Federación por la cuenta pública 2020, los municipios pudieron causar un daño a la hacienda pública federal por 146 millones 168 mil 554 pesos. De los recursos del Fondo de Infraestructura Social que es destinado para los sectores de población que viven en condiciones de rezago social y población extrema se detectaron irregularidades en más del 40 por ciento de los recursos que se entregaron durante 2020 a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). Los recursos iban dirigidos para los municipios de Aquismón, Armadillo, Catorce, Ciudad Valles, El Naranjo, Lagunillas, San Antonio, San Luis Potosí, San Vicente, Santo Domingo. En la lista se encuentra Tierra Nueva, Vanegas, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Juárez, Xilitla y Zaragoza. De acuerdo a la Auditoría no se presentaron documentación que acredite el ejercicio y aplicación del fondo en el plazo establecido, y el Ejecutivo estatal no implementó mecanismos de control para los pagos de las obras y acciones financiadas. El Gobierno del Estado reportó un procedimiento abierto en la Contraloría General por los manejos del recurso.