Hagamos memoria. Tras las elecciones intermedias de 2021, cuando Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsaría una reforma electoral, su coalición (Morena, PVEM y PT) no tenía suficientes votos en el Congreso para poder cambiar la Constitución. No le importó. Aunque la aritmética parlamentaria le era adversa, la envió. Perdió. E intentó trasladarle el costo político de haberla rechazado a las oposiciones. Poco tiempo después, el presidente presentó su “Plan B”: hacer la reforma electoral no por la vía constitucional (que necesita mayorías calificadas, de dos tercios) sino por la legal (que requiera mayorías absolutas, más de la mitad). Para esa reforma sí le alcanzaron los votos a su coalición en el Congreso. Pasó, pero las oposiciones la impugnaron ante la Suprema Corte y ganaron. La Corte la echó para atrás. El gobierno había intentado cavar una suerte de narcotúnel constitucional –legislando contra la Constitución por debajo de la Constitución misma– reformando con mayorías absolutas lo que en realidad requería mayorías calificadas.

          Hoy que la presidenta está promoviendo su reforma electoral, vale la pena recordar aquella secuencia. Porque la coalición oficialista ya tiene mayorías constitucionales, pero esta vez los aliados de Morena (PVEM y PT), al igual que las oposiciones, no acompañan la propuesta de la presidenta. Aunque sólo con los votos de Morena no le alcanza para reformar la Constitución, ella de todas maneras ha enviado su iniciativa. Quizá lo hace esperando “persuadir” sobre la marcha a sus aliados renuentes o “reclutar” a algunos opositores. O quizá apuesta a la reforma no pase, como todo parece indicar, a que el PVEM y el PT paguen el costo político de haber votado en contra junto con los partidos de oposición, y a entonces replicar el “Plan B” de López Obrador: enviar una versión que proponga la misma reforma, pero por la vía legal, aunque contradiga lo que dice la Constitución, contando con que su partido sí tiene las mayorías absolutas para aprobarla. En suma, volver a probar el narcotúnel constitucional.

          Hoy, a diferencia del sexenio pasado, los partidos de oposición no alcanzan el mínimo de votos para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Para hacerlo, necesitarían sumar a legisladores del PT y el PVEM. E incluso si lo lograran, luce sumamente improbable que la nueva Corte esté dispuesta a decidir en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estamos, pues, ante la posibilidad de que esta vez sí prospere la estrategia del “Plan B” que no le funcionó a López Obrador. No es que la reforma nazca muerta. Es, más bien, que la presidenta podría estar repitiendo la secuencia de su predecesor, a sabiendas de que las condiciones que le fueron adversas a él –la fuerza de las oposiciones en el Congreso y la autonomía de la Suprema Corte– ahora son más favorables para ella.

          Aclaro: yo no tengo el superpoder de leerle la mente a la presidenta. Nomás es una hipótesis.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG