El sector industrial de San Luis Potosí observa con expectativa la entrada en vigor de la nueva Ley Aduanera, prevista para 2026, al considerarla una herramienta clave para fortalecer la seguridad fiscal y frenar prácticas ilícitas en el comercio exterior, sin embargo, también advierte que la implementación de las nuevas reglas deberá equilibrar el control con la competitividad de las empresas. La presidenta de la Cámara de la Industria y de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde, destacó que la reforma representa un avance en la lucha contra el llamado huachicol fiscal, un fenómeno que afecta directamente a la recaudación nacional y distorsiona las condiciones de competencia: “Se trata de cerrar los espacios que durante años permitieron el ingreso irregular de mercancías y la evasión de impuestos pues es un paso firme hacia un comercio más transparente”, señaló. La dirigente explicó que la discusión de esta legislación despertó un gran interés entre las empresas potosinas, especialmente aquellas vinculadas con la industria automotriz y de autopartes, que dependen de la operación eficiente de los recintos fiscales estratégicos del estado, ya que estos espacios, recordó, son esenciales para el flujo logístico del puerto interior y para mantener el ritmo de exportaciones hacia Norteamérica.

No obstante, Elizalde reconoció que aún existen aspectos técnicos por resolver, entre ellos la definición de las reglas de origen y la homologación de procedimientos aduanales, puntos que continúan bajo análisis en el Congreso federal: “La claridad en estos temas es indispensable para garantizar certeza jurídica y evitar frenos al comercio formal”, puntualizó. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Finalmente, la representante empresarial advirtió que, aunque la ley endurece los controles para prevenir el contrabando y el flujo irregular de capital, será necesario vigilar que las medidas no se conviertan en un obstáculo para la inversión: “El desafío está en lograr un equilibrio: fortalecer la fiscalización sin debilitar la competitividad del país y de estados industriales como San Luis Potosí”, concluyó.