San Luis Potosí, SLP.- La homologación de la información catastral y del Registro Público de la Propiedad podría generar diferencias en los valores utilizados para calcular el impuesto predial, aunque la nueva Ley Catastral no contempla por sí misma un incremento en este gravamen, advirtió David Saucedo, socio director de Saucedo Consultoría Jurídica y Mediación.

Para Así las Cosas, el especialista explicó que la entrada en vigor de la legislación dependerá de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que será necesario revisar los plazos establecidos para conocer cuándo comenzará a operar el nuevo esquema.

Ante este escenario, Saucedo recordó que actualmente existen expedientes separados para cada inmueble, uno bajo la administración de Catastro y otro correspondiente al Registro Público de la Propiedad. La justificación de la reforma, indicó, es que ambos sistemas no siempre cuentan con información coincidente, por lo que se busca integrar un expediente único que permita homologar los datos de cada propiedad.

Desde esta perspectiva, consideró que la propuesta representa una oportunidad para modernizar un ámbito en el que persisten problemas de coordinación entre registros. No obstante, señaló que uno de los puntos que generó controversia fue la participación de autoridades federales en el control de la información.

En consecuencia, David Saucedo explicó que, de acuerdo con el esquema planteado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia de Transformación Digital tendrían responsabilidades en la administración de la plataforma destinada a concentrar los datos catastrales. Esto, puntualizó, abrió cuestionamientos sobre una posible intervención de la Federación en atribuciones que corresponden a los municipios.

En cuanto al posible impacto en el impuesto predial, Saucedo insistió en que la ley no establece directamente un aumento en el cobro. Sin embargo, advirtió que la homologación podría evidenciar diferencias entre los valores registrados para propiedades similares en distintos municipios, lo que eventualmente tendría consecuencias en la determinación del gravamen.

Asimismo, detalló que las tablas de valores catastrales son definidas por cada municipio y autorizadas por los congresos estatales. Por ello, consideró que el cruce de información podría revelar discrepancias entre los valores asentados en los registros y los que se utilizan para calcular el impuesto, sin que necesariamente exista una modificación previa de las tablas vigentes.

Como ejemplo, planteó el caso de una vivienda cuyo valor registrado sea de 800 mil pesos, pero que, tras la actualización y comparación de los datos, presente un valor de referencia distinto. Por consiguiente, una modificación de este tipo podría repercutir en el cálculo del predial, aun cuando las tablas de valores autorizadas permanezcan sin cambios.

De igual manera, Saucedo señaló que la implementación de la plataforma plantea interrogantes presupuestales, pues será necesario determinar qué autoridad financiará su operación y mantenimiento. También consideró importante establecer con claridad las responsabilidades de las instancias federales y municipales en el manejo de los datos.

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Finalmente, reconoció que contar con información homologada podría resolver problemas que durante años han dificultado la coordinación entre Catastro y el Registro Público de la Propiedad. No obstante, advirtió que el diseño de la nueva estructura deberá contemplar mecanismos que garanticen la participación de los ayuntamientos, a fin de evitar que queden relegados en la administración de información relacionada directamente con sus atribuciones.