La educación en San Luis Potosí atraviesa un momento crítico. Las frecuentes suspensiones de labores docentes anunciadas desde el poder han generado un escenario preocupante para los aprendizajes de las nuevas generaciones. En lugar de implementar estrategias integrales para fortalecer la calidad de la enseñanza, las decisiones políticas han priorizado la confrontación y la improvisación, dejando a un lado la urgente necesidad de estructurar políticas públicas coherentes que realmente impacten en el desarrollo educativo. La decisión de reponer los días en el calendario escolar se presenta como una solución aparente. Sin embargo, esta medida no aborda los problemas estructurales que afectan al sistema educativo. Los días perdidos no se compensan únicamente con extender el ciclo escolar. Durante la pandemia de COVID-19, las autoridades educativas nacionales e internacionales advirtieron sobre los riesgos de considerar que el tiempo en el aula es la única variable a contemplar en el proceso educativo. Los estudios realizados por la SEP y el INEE evidencian que, a pesar de los esfuerzos por mantener la continuidad educativa, el aprendizaje en casa mostró graves limitaciones, especialmente en las comunidades rurales y zonas marginadas. En San Luis Potosí, la situación se agrava por el contexto territorial. La ola de calor que atraviesa el estado es un fenómeno que afecta a miles de estudiantes, pero enviar a los niños y jóvenes a casa no es una alternativa viable. Las condiciones socioeconómicas de muchas familias impiden que los estudiantes cuenten con espacios adecuados para estudiar, acceso a dispositivos electrónicos o conectividad a internet. En lugar de implementar estrategias de contingencia, como aulas climatizadas, horarios escalonados o actividades alternativas en espacios comunitarios, el gobierno opta por suspender actividades, sin considerar el impacto a largo plazo en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Las consecuencias de estas decisiones son evidentes. De acuerdo con datos del INEGI, el nivel de rezago educativo en San Luis Potosí aumentó un 12% entre 2020 y 2023, lo que se traduce en un incremento en el número de estudiantes que no alcanzan los aprendizajes esperados para su nivel escolar. Además, el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que el porcentaje de niños y adolescentes que no asisten a la escuela o que presentan niveles insuficientes en comprensión lectora y matemáticas sigue al alza. El problema de fondo no radica en la suspensión de actividades por causas de fuerza mayor, sino en la falta de estrategias integrales que consideren las particularidades del contexto potosino. La crisis climática no desaparecerá. Las olas de calor serán cada vez más frecuentes e intensas. ¿Qué se está haciendo para adaptar las escuelas a estas nuevas realidades? ¿Qué acciones concretas se están implementando para asegurar que los estudiantes sigan aprendiendo en condiciones adversas? La respuesta no puede seguir siendo la misma de siempre: suspender clases, reponer días y esperar a que la situación mejore. Es momento de plantear soluciones integrales que consideren la infraestructura escolar, el acceso a recursos educativos y la capacitación docente para enfrentar contextos de crisis. La experiencia del COVID-19 dejó lecciones importantes: la escuela sigue siendo el mejor espacio para aprender, pero debe adaptarse a los desafíos contemporáneos. Reforzar la infraestructura, implementar sistemas de monitoreo continuo de aprendizajes, capacitar a los docentes en estrategias pedagógicas flexibles y diseñar políticas que prioricen la permanencia escolar son acciones urgentes para evitar que esta generación siga perdiendo oportunidades de desarrollo. La educación no puede ser vista como un elemento negociable en los acuerdos políticos. Cada día sin clases es un día perdido para la formación de niños y jóvenes que, en un futuro cercano, enfrentarán un mercado laboral más exigente y competitivo. La ignorancia y la precariedad son consecuencias directas de decisiones políticas mal planificadas. Es hora de que las autoridades asuman la responsabilidad de garantizar una educación de calidad, sin pretextos ni dilaciones.

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* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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