A veces las promesas no se rompen, se rodean. Se les cambia el vocabulario; se apela a nuevas tecnologías; se invocan la necesidad y la soberanía para hacer digerible el giro. Eso está pasando con el fracking. Ayer, la candidata prometió que no permitiría la explotación de hidrocarburos mediante esa técnica. Hoy, la presidenta comienza a darle la vuelta a esa prohibición. Sus argumentos parecen razonables: México importa demasiado gas natural de Estados Unidos; necesitamos más energía, inversión e ingresos. Revisar una posición no es, en sí mismo, una falta; pero reconsiderar ésta sin hacer explícito su costo ambiental sí lo es.

La defensa tecnológica no alcanza. Sí, hay mejores prácticas: tratamiento y reciclaje de aguas, químicos menos agresivos, monitoreo, controles. Con todo, el fracking sigue presionando fuentes de agua y generando residuos contaminantes; sigue asociado a fugas de metano, posibles accidentes y afectaciones comunitarias. La tecnología puede reducir algunos riesgos; no borra el impacto fósil, hídrico y territorial de la actividad.

El argumento de la soberanía tampoco cuadra. Si el gas proyectado no cubre la demanda y Pemex no puede extraerlo solo, el país no escapa del problema: quizá menos gas importado, pero más capital, tecnología y operadores privados. ¿Y si primero el gobierno atacara las fallas del régimen energético que ya existe: huachicol, contrabando, evasión fiscal, aduanas, ductos y corrupción? Si la justificación fuera económica, ¿lo sensato no sería perder menos antes de perforar más?

El reciente derrame en el Golfo redobla el escepticismo. Más de 600 kilómetros de litoral, al menos 900 toneladas de residuos, una emergencia detectada desde febrero y admitida hasta abril. Sheinbaum aseguró que no era responsabilidad de Pemex, pero luego resultó que sí lo fue. El director de la paraestatal explicó que áreas operativas ocultaron datos, bitácoras e incluso un intento de reparación. La disyuntiva es mala por ambos extremos: si no hubo encubrimiento desde arriba, entonces hubo una burocracia capaz de engañar desde abajo. El derrame no demuestra la inviabilidad del fracking, pero sí confirma la fragilidad institucional del sector energético.

El fracking requeriría escrutinio público, monitoreo independiente, reguladores fuertes, rendición de cuentas, mitigación de daños. Todo lo cual hoy brilla por su ausencia. El gobierno propone crear un comité de evaluación técnica, pero el problema es estructural: ¿cómo pedir confianza para una nueva apuesta por los hidrocarburos cuando la vieja acumula opacidad, pérdidas, mentiras, deudas, descontrol y afectaciones?

Sheinbaum no puede desdecirse de una promesa tan crucial para su identidad y pretender que no pasa nada. Llamarlo “flexibilidad” no disimula el cambio de prioridades. ¿Está corrigiendo un dogma ideológico o desatendiendo un compromiso ambiental? Abrirle la puerta al fracking no acelera la transición energética; renueva, con ropaje de “realismo”, la dependencia fósil.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG