El reciente reporte de la OCDE, Panorama de la Educación 2024, ofrece una visión profunda sobre el estado actual de los sistemas educativos en todo el mundo, y, como en informes anteriores, México vuelve a ocupar una posición que nos invita a una reflexión crítica. En temas como la cobertura de escolarización, la matrícula en nivel secundaria y los niveles de aprendizaje, el país se enfrenta a retos considerables, en un contexto donde los cambios impulsados por la reforma educativa de 2019 aún están por demostrar sus verdaderos impactos. Este análisis se centra en los resultados obtenidos por México en el informe comparado con otros países miembros de la OCDE y cómo las promesas de la reforma educativa de 2019 se alinean, o no, con la realidad que presentan los datos. En este sentido, el discurso gubernamental que defiende la reforma como una transformación que pondría fin a la llamada "privatización" del sistema educativo debe ser contrastado con la evaluación basada en evidencia de instituciones independientes como la OCDE. Uno de los puntos críticos que aborda el Panorama de la Educación 2024 es la cobertura de escolarización en México, un tema central en el discurso del gobierno federal. La reforma educativa de 2019 se propuso garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles, desde la educación inicial hasta el nivel superior, presentándose como una reforma inclusiva y universal. Sin embargo, el informe de la OCDE señala que, si bien México ha avanzado en la cobertura de educación primaria y secundaria, los niveles de cobertura en la educación media superior y superior continúan rezagados en comparación con otros países de la OCDE. Mientras países como Canadá, Finlandia y Japón alcanzan tasas de escolarización cercanas al 100% en la educación media superior, México apenas supera el 70%. Esto no solo evidencia una brecha de acceso, sino también las barreras estructurales y socioeconómicas que continúan limitando el derecho efectivo a la educación de miles de jóvenes. A pesar de que la narrativa gubernamental ha enfatizado la eliminación de cuotas y la gratuidad, el verdadero obstáculo parece radicar en la falta de una infraestructura adecuada, la pobreza y las desigualdades regionales. En regiones rurales e indígenas, el acceso a la educación secundaria y media superior sigue siendo una aspiración lejana, lo que contrasta con las metas de la reforma educativa. ¿De qué sirve garantizar un derecho en el papel si las condiciones materiales no permiten ejercerlo? En términos de matrícula en nivel secundaria, el informe de la OCDE muestra que México ha logrado mantener niveles aceptables en la inscripción de adolescentes en este nivel educativo, alcanzando un 90% de matrícula. Sin embargo, la situación se complica cuando analizamos la tasa de deserción y el progreso hacia la educación media superior. Según la OCDE, México tiene una de las tasas más altas de abandono escolar en este tramo, con jóvenes que, aun habiendo accedido a la secundaria, no logran continuar sus estudios. La reforma de 2019 planteó, entre sus propuestas más ambiciosas, la creación de un currículo más humanista e incluyente, capaz de adaptarse a las necesidades locales. No obstante, la falta de recursos y capacitación docente ha dificultado la implementación efectiva de estos cambios. En estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la deserción escolar sigue siendo un problema alarmante, ligado no solo a la pobreza, sino también a la falta de pertinencia del modelo educativo para las realidades locales. Un ejemplo de esto es el fracaso en la implementación de programas educativos bilingües interculturales en comunidades indígenas. A pesar de los esfuerzos por diseñar políticas incluyentes, la OCDE destaca que las condiciones materiales de las escuelas, la ausencia de materiales pedagógicos en lenguas indígenas y la escasez de docentes capacitados siguen impidiendo que miles de niños indígenas culminen sus estudios. Si hay un indicador que arroja luz sobre las verdaderas dificultades del sistema educativo mexicano, es el de los niveles de aprendizaje. La OCDE ha señalado consistentemente que México, a pesar de los esfuerzos de diversas administraciones por mejorar la calidad educativa, sigue presentando un rezago importante en comparación con otros países miembros. El Panorama de la Educación 2024 confirma que los estudiantes mexicanos obtienen resultados significativamente inferiores en competencias clave como lectura, matemáticas y ciencias, áreas que son evaluadas por pruebas internacionales como PISA. Mientras que en países como Corea del Sur o Estonia, inclusive Vietnam, los estudiantes muestran mejores niveles de comprensión y resolución de problemas, los estudiantes mexicanos continúan luchando por alcanzar niveles básicos de competencia. La reforma de 2019 prometió fortalecer la equidad y mejorar la calidad del aprendizaje a través de un enfoque más integral y menos competitivo. Sin embargo, la realidad es que sin inversión en capacitación docente, infraestructura y programas de apoyo a estudiantes en riesgo, las buenas intenciones quedan cortas. Los maestros, quienes debían ser el centro de esta reforma, siguen denunciando falta de recursos y apoyo para enfrentar los desafíos en el aula, particularmente en zonas marginadas. Las implicaciones de estos hallazgos son profundas y preocupantes. A mediano plazo, la falta de una cobertura educativa efectiva y los bajos niveles de aprendizaje tendrán un impacto directo en el desarrollo económico y social de México. Un país que no puede garantizar una educación de calidad a sus jóvenes está condenado a perpetuar un ciclo de pobreza y desigualdad que lo mantiene rezagado frente a otras naciones de la OCDE. ¿Qué se puede hacer? Primero, es fundamental un cambio en la narrativa gubernamental. Reconocer la crisis que estamos atravesando. La educación no puede resolverse solo con reformas legislativas o discursos populistas. Es necesario invertir en infraestructura, capacitación y formación docente y programas que atiendan las diversas regiones. Las escuelas en zonas rurales y marginadas requieren atención prioritaria, con programas específicos que garanticen que los niños no solo accedan a la escuela, sino que permanezcan en ella y aprendan de manera significativa. En segundo lugar, la evaluación continua y basada en evidencia debe ser una prioridad. La OCDE ha demostrado ser un valioso aliado en la evaluación comparativa del sistema educativo, pero México necesita desarrollar mecanismos internos de evaluación que no dependan únicamente de organismos internacionales. Los maestros, las comunidades y los propios estudiantes deben ser parte de estos procesos de evaluación, generando una retroalimentación constante para ajustar las políticas públicas. En resumen, el Panorama de la Educación 2024 pone en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta México en su sistema educativo. La reforma de 2019, aunque bien intencionada, debe ser evaluada con criterios más rigurosos y acompañada de una inversión real en las condiciones que permiten que el derecho a aprender sea una realidad para todos. Solo así se podrá construir un futuro en el que los jóvenes mexicanos no solo estén en la escuela, sino que verdaderamente aprendan. * Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

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