La presentación del Paquete Económico 2027 pondrá a prueba la capacidad del Gobierno federal para reducir el déficit sin sacrificar la inversión ni debilitar las fuentes futuras de crecimiento económico.

Pamela Díaz Loubet, economista en jefe para México de BNP Paribas, advirtió en entrevista que uno de los desafíos será demostrar que el gasto y el endeudamiento pueden traducirse en mayor productividad, crecimiento potencial y una base tributaria más amplia.

“Los riesgos están en que la consolidación fiscal se haga a costa de la inversión, porque eso termina afectando el crecimiento potencial y, con ello, la generación futura de ingresos”, enfatizó.

Las calificadoras y los inversionistas observarán la trayectoria de la deuda, el manejo de los apoyos a Pemex y, sobre todo, si el presupuesto incorpora medidas capaces de atraer inversión y elevar el crecimiento potencial.

El banco calcula que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzarán 4.3 por ciento del PIB en 2027, frente al 3.5 por ciento previsto por Hacienda.

Sergio Luna, economista en jefe de Banco Mifel, señaló que existe poco impulso fiscal al crecimiento económico. “Mantenemos por el momento nuestros pronósticos de RFSP en -4.5 por ciento del PIB para el cierre de 2026 y en -4.2 por ciento del PIB para 2027”, abundó.

Ajuste en el gasto público para México

Pablo López Sarabia, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, explicó que, ante la imposibilidad de elevar los ingresos, la única vía para cumplir la meta de RFSP es reducir el gasto.

“Sin embargo, buena parte del gasto público es inercial y está comprometido, por lo que un ajuste podría recaer en la inversión, con efectos negativos sobre el crecimiento y sus efectos multiplicadores”, advirtió. En términos del PIB, un recorte del gasto público, manteniendo constantes los demás componentes, termina restando dinamismo a la economía y limita la tasa de crecimiento, puntualizó.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que el Presupuesto de 2027 será crucial para determinar la viabilidad de los esfuerzos de consolidación fiscal y la perspectiva futura de las finanzas públicas, en medio de una sostenida preocupación sobre el buen desempeño de la economía para los siguientes años.

Consideró que el crecimiento económico requiere de la estabilidad macroeconómica, lo que precisa de una sólida situación financiera y fiscal del sector público para impulsar la inversión en México y la participación activa del sector privado en el desarrollo nacional.

En materia de deuda, Díaz Loubet calculó que el Saldo Histórico de los RFSP llegará a 54.8 por ciento del PIB el próximo año, frente a 54 por ciento previsto para este año.

Sin embargo, expresó que el nivel de deuda no es necesariamente negativo: importa para qué se está utilizando. Si financia inversión que eleva el PIB potencial, puede ser sostenible; si se concentra en gasto con bajo multiplicador, el efecto sobre el crecimiento es mucho menor.

Otro desafío es fortalecer la capacidad de generar ingresos tributarios. Resaltó que México está perdiendo participación en actividades de mayor valor agregado, por lo que las nuevas inversiones deben traducirse en mayor producción nacional, empleo y contenido local.

Para el CEESP, el desbalance del sector público y los débiles resultados en la búsqueda de la consolidación fiscal, han llevado a tener que hacer uso de mayores niveles de endeudamiento.

Hasta junio pasado, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público acumuló 19 billones de pesos, monto que obligó a cubrir un costo financiero de 693 mil millones de pesos, un 14.3 por ciento del gasto total.

Las estimaciones oficiales sugieren que al cierre de 2026 la deuda habrá superado los 20 billones de pesos, llevando al costo financiero a 1.5 billones, cifra equivalente a 15.2 por ciento del gasto total, a 4.1 por ciento del PIB y cerca de 60 por ciento mayor de lo que se tiene previsto para inversión física.

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Con información de El Financiero