Decenas de reporteros clausuraron simbólicamente las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato -IEEG-, ya que bajo el pretexto de proteger a mujeres de presuntas agresiones, con un criterio discrecional ha comenzado a obligar a medios de comunicación, a desaparecer notas informativas, incluso, criminalizando a los periodistas, no así, a los agresores. La Presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarrarás, advirtió que continuará con su política de revisión de notas informativas, considerando que aquellas que violen sus parámetros, serán puestas bajo “medidas cautelares”, y en todo caso, la prensa deberá de acudir al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato -TEEG- para dirimir la controversia. "No es censura, no son eufemismos, son medidas cautelares”, clamó la funcionaria, pero quien es señalado por el Instituto Electoral debe pagar un abogado y perder tiempo en audiencias, incluso, el periodista puede ser indagado por la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Integrantes del Consejo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas coincidieron en que no fueron más de tres los reporteros amenazados por las llamadas ‘medidas cautelares’ en el proceso electoral de 2021. Ahora, bajo la Presidencia de Brenda Canchola, las amenazas se han disparado en seis meses, y ahora hay hasta 10 reporteros y medios de comunicación criminalizados. Cabe destacar que el IEEG no ha sancionado a un solo agresor político.    Las decisiones del Instituto Electoral en contra de la libertad de prensa, ya fueron cuestionadas por la misma candidata a la gubernatura, Libia García, quien sostuvo que se debe de centrar en los generadores de violencia y no en los periodistas que hacen la cobertura informativa de lo que está sucediendo. El Director de Kuali, Carlos García, lamentó que el IEEG censure a los medios de comunicación, incluso que sus determinaciones rayen en la criminalización de la libertad de expresión. Cabe mencionar, si los medios no bajan las notas pueden ser sancionados económicamente y denunciados ante el Ministerio Público. Con información de Excélsior