La problemática de las desapariciones de personas en Jalisco continúa representando uno de los mayores desafíos en materia de seguridad y justicia, tanto por su dimensión como por la complejidad de su investigación. Así lo advirtió el magistrado Damián Campos García, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al analizar la situación actual en la entidad. El también presidente de la Comisión de Consolidación y Fortalecimiento del Modelo Acusatorio y Oral señaló que, pese a la existencia de un marco legal robusto a nivel nacional, los resultados en la práctica aún son limitados, especialmente en estados como Jalisco, donde el fenómeno ha tenido un impacto significativo. “Tenemos leyes generales que buscan atender la desaparición forzada y la cometida por particulares, pero en la realidad seguimos enfrentando grandes obstáculos para su aplicación efectiva”, indicó. Uno de los principales factores que agravan la situación en la entidad es la posible vinculación de estos delitos con la delincuencia organizada, lo que complica las labores de investigación y, en muchos casos, rebasa la capacidad de las autoridades locales. El magistrado explicó que las fiscalías enfrentan dificultades técnicas y operativas para integrar adecuadamente las carpetas de investigación, ya que en este tipo de delitos frecuentemente no hay testigos, evidencia directa o incluso rastros físicos de las víctimas. “No es como investigar otros delitos. Aquí muchas veces no hay un punto de partida claro. La ausencia de la persona también implica la ausencia de elementos que permitan avanzar con rapidez”, detalló. En este contexto, destacó que aunque herramientas como la geolocalización de dispositivos móviles han contribuido en algunos casos a ubicar a víctimas o responsables, estas no siempre resultan suficientes ante las estrategias utilizadas por los perpetradores para evitar ser detectados. Aunado a ello, subrayó que el miedo y las amenazas hacia las familias de las víctimas representan otro obstáculo importante, ya que en ocasiones inhiben la denuncia o frenan la continuidad de las investigaciones. “La familia no solo enfrenta el dolor de la ausencia, sino también el riesgo. Hay casos en los que reciben amenazas que dificultan seguir buscando justicia”, expresó.

Campos García también enfatizó el impacto social que este delito ha generado en Jalisco, donde colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas han mantenido una exigencia constante hacia las autoridades para acelerar resultados y combatir la impunidad. Asimismo, recordó que la desaparición de personas es considerada un crimen de lesa humanidad, lo que implica una obligación reforzada del Estado para investigar, sancionar y reparar el daño a las víctimas. Finalmente, el magistrado hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como a mejorar la operatividad de las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación.