La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó el miércoles una ley de amnistía para militares y policías acusados de abusos entre 1980 y 2000 en enfrentamientos con movimientos insurgentes, pese al pedido de grupos de derechos humanos de frenar la iniciativa.

El Congreso peruano había aprobado a inicios de julio el proyecto de amnistía a miembros de las fuerzas armadas en juicio o sentenciados por casos de abusos durante un enfrentamiento con el grupo maoísta Sendero Luminoso, que buscaba tomar el poder.

"Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos, otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas", dijo Boluarte en un discurso.

"Están equivocadas aquellas instituciones internacionales y nacionales influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú", afirmó tras la promulgación de la ley en el Palacio de Gobierno frente a sus ministros y altos mandos militares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) había enviado en julio al Estado peruano un requerimiento para evitar la aprobación de la medida y así "garantizar el derecho de acceso a la justicia" de las víctimas.

En caso de que esto no ocurra, la Corte pidió a las autoridades judiciales abstenerse de aplicar la ley.

La local Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y grupos de familiares víctimas de abusos han afirmado que con la amnistía quedarán "impunes" 156 casos con sentencia firme y más de 600 juicios contra militares y policías en trámite.

Durante el enfrentamiento de las fuerzas del orden y los grupos insurgentes murieron o desaparecieron unas 69 mil personas, entre civiles y militares, según cifras oficiales.

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Boluarte, cuya aprobación ha caído a mínimos históricos, según varias encuestas, es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de homicidio calificado por la muerte de decenas de personas durante protestas luego de que asumiera al poder a fines del 2022.

Con información de Latinus