¿Que un Congreso electo legítimamente destituya a un presidente constitucionalmente puede ser antidemocrático? ¿Quién lo determina? El pasado 7 de diciembre, Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda de Perú, comparecía ante el Congreso de su país para detallar el desvío de recursos de esa dependencia a seis de los hermanos del entonces todavía presidente Pedro Castillo. Antes de que terminara de rendir testimonio, Castillo decretaba la disolución de la Legislatura. La Constitución peruana faculta al presidente a disolver el Congreso sólo cuando éste haya censurado a dos Consejos de Ministros, lo que no había sucedido. Así, el Legislativo, amparado en la misma Constitución, sometió a votación la destitución de Castillo por haber cometido “alguna de las infracciones mencionadas en el Artículo 117”, entre las que se cuenta disolver el Congreso sin que se haya producido la condición previamente detallada. Son necesarios 87 votos –dos tercios del Congreso– para destituir a un presidente en Perú; la iniciativa conquistó 101, incluidos 9 de los 15 de Perú Libre, el partido que llevara a Castillo al poder (y al que renunciara en junio pasado, ostentándose desde entonces independiente).  Acto seguido, todos los ministros de su gabinete presentaron su dimisión y el Ejército y la Policía emitieron un comunicado conjunto condenando sus acciones. Castillo fue arrestado por su propio equipo de seguridad. La vicepresidenta Dina Boluarte –hasta entonces leal a él– asumió la Presidencia ese mismo día. Lo acontecido en Perú en la última semana –corolario de una Presidencia en que ha habido cinco recambios completos de gabinete, la inflación ha alcanzado su nivel más alto en 26 años y las acusaciones de corrupción han sido constantes– es un proceso perfectamente apegado a las leyes de ese país. Así, la invocación que han hecho los gobiernos de un puñado de países, incluido México, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para defender la Presidencia de Castillo resulta baladí: los derechos políticos de un jefe de Estado no pueden contravenir la Constitución de su país, y Castillo es objeto desde ayer de un proceso judicial público, cuyas audiencias es posible seguir por internet. Los países que han salido en defensa de Castillo han hecho además “un llamado a todos los actores involucrados… para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”; acaso quepa recordarles que el Congreso que destituyó a Castillo en apego a derecho es también resultado de una elección legítima. Ayer el presidente mexicano López Obrador declaró que, para México, “sigue siendo Pedro Castillo el presidente”, que la Constitución peruana tiene “una falla antidemocrática de origen” y que la relación de nuestro país con Perú “está en pausa”. Esa pausa no refresca. Antes bien, al permitirse anteponer opiniones personales a la Constitución de una nación soberana, atemoriza. POR NICOLÁS ALVARADO

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