La reciente publicación de los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) ha generado una discusión muy interesante en el sector mediático, académico y desde los centros de investigación en nuestro país. ¿La respuesta de la SEP y del gobierno federal? Silencio y un comunicado ramplón. Eso fue todo. Así las señales para denostar, minimizar e ignorar 23 años de aplicaciones continuas de una evaluación que, con todas sus limitantes, nos arroja un panorama específico sobre las habilidades de los jóvenes en torno a sus aprendizajes a través del proceso de escolarización. Centrémonos en algunos indicadores clave que ofrecen una fotografía reveladora – pero no sorpresiva – del panorama educativo nacional. La prueba PISA se aplicó en 2022 y evaluó a 81 países, proporcionando una visión global del rendimiento académico. México ocupó el lugar 57. Un retroceso de cuatro lugares desde 2018.  Es notable que el 80% de las escuelas evaluadas pertenecen al ámbito público, lo que destaca la relevancia de abordar las disparidades educativas entre sectores. Un análisis detallado revela que todos los países evaluados, sin excepción, enfrentan tendencias negativas en lectura, matemáticas y ciencias. Estas caídas abruptas han planteado interrogantes no solo sobre la calidad de la educación, sino también sobre la efectividad de los sistemas educativos a nivel mundial y su adaptación a problemáticas globales como la ocurrida por COVID19. Es innegable que la pandemia ha desempeñado un papel crucial en estos resultados. La abrupta transición a la educación en línea y la interrupción de las clases presenciales han dejado una marca significativa en el desarrollo cognitivo y de habilidades de los estudiantes. Sin embargo, este fenómeno no debe verse solo como una crisis, sino también como una oportunidad para repensar y fortalecer nuestras estrategias educativas. Los datos revelan que el 66% de los estudiantes mexicanos no pudo resolver el módulo 1 de la prueba de Matemáticas; el 47% no comprende lo que lee en la prueba de Lectura y en Ciencias, el 51% carece de conocimientos básicos. Estos números, aunque fríos y desalentadores, deben movernos hacia la discusión inmediata de posibles intervenciones futuras para mitigar su impacto en la vida productiva de nuestro país. De igual manera, es preocupante observar que casi 7 de cada 10 mujeres no alcanzan los niveles básicos. Esto resalta la urgencia de garantizar un acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje para todos. Es notable también reconocer que los resultados no concluyen una brecha significativa entre estudiantes por nivel socioeconómico. Tan solo observar los datos y si nos comparamos con Vietnam, por ejemplo, que tiene niveles similares de desarrollo que México y además, en promedio tiene un gasto por estudiante menor a nuestro país, podemos decir que los hijos de las familias más adineradas en México aprenden menos que los hijos de los campesinos en Vietnam. Si bien, estos resultados corresponden a un tránsito por el sistema educativo en otros sexenios, lo que importa son las decisiones que se toman para corregir el rumbo con base en evidencia concreta. Además, priorizar los distintivos e ideologías partidistas en el poder, por encima de las trayectorias de los niños y jóvenes me parece una aberración y un factor determinante para seguir demostrando estos resultados por demás preocupantes.

¿Y qué acciones tenemos en puerta para superar estos desafíos?

Implementar un nuevo modelo educativo con base en un diagnóstico, a mi parecer, erróneo; una formación normalista desvinculada de estos cambios; una capacitación docente genérica, en cascada, que representa tan solo 195 pesos de gasto por profesor; un presupuesto insuficiente y con subejercicios significativos, es decir, gastamos poco y lo que gastamos lo hacemos mal y además lo desviamos a otras áreas; materiales educativos con una ruta de elaboración por demás apresurada que requieren una curva de aprendizaje más prolongada de lo planeado; en fin, acciones que, si fuéramos serios como Chile o Uruguay, ya estaríamos viendo una autocrítica interna desde el sector gubernamental que derive en discusiones y acciones específicas con visión de futuro.   La información proporcionada por PISA no solo identifica los resultados, sino también nos brinda la oportunidad de implementar cambios significativos. Es imperativo aprovechar estos resultados como un catalizador para la mejora continua, fomentando la innovación y la colaboración en el ámbito educativo. La pandemia ha dejado su huella, pero también ha resaltado la necesidad de adaptabilidad y resiliencia en la educación. ¿Qué hacer? Tres cosas: acompañar y apuntalar los procesos de formación continua de los profesores para promover la movilidad social de los chicos que transitan por la escuela; aumentar y focalizar la distribución de los recursos educativos y aplicar evaluaciones a nivel nacional para tener una brújula cada vez más afinada que guíe la política educativa. Debemos aprovechar este momento para construir un futuro educativo más sólido, donde cada estudiante tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La colaboración entre educadores, autoridades y la sociedad en su conjunto será la clave para transformar estos desafíos en oportunidades y construir un sistema educativo que empodere a las generaciones futuras.

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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