El Plan B de Reforma Electoral, propuesto por el presidente de la República y avalado por el Gobierno Federal, sí daba permisividad a actos anticipados de campaña a favor de algún candidato o candidata, no sólo por parte de los ciudadanos, sino también “abiertamente” de políticos y legisladores, informó Ernesto García Hernández, abogado electoral. Detalló que el Plan B sí permitía a los candidatos promocionarse y limitaba al Instituto Nacional Electoral a sancionarlos. Si el Plan B no hubiera sido suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y principalmente en su primera parte que contenía reformas importantes sobre el principio de equidad en las contiendas electorales y la propaganda, de acuerdo al analista sería violatorio a la Constitución y al artículo 134 sobre el impedimento de la promoción y propaganda personalizada y la utilización de recursos. “De haber continuado el Plan B, las campañas anticipadas serían legales en la ley secundaria del INE, pero no en la Constitución, tendrían que echar abajo dicha situación en la Corte, afortunadamente ya se dio ese primer paso”, señaló. Subrayó que se tiene que robustecer el Sistema Electoral Administrativo y el Sistema Judicial Electoral para garantizar la equidad en las contiendas electorales y que se destine del PIB un presupuesto para garantizar la independencia de los Tribunales Electorales, para que quede protegido de los intereses del sexenio en turno que pretenden “reformar” el sistema electoral tanto local como nacional y “cierran las llaves de los presupuestos”, por lo que la autonomía no se garantiza y puede limitar los derechos electorales de los ciudadanos ante demandas de propagandas de partidos políticos. “De haber continuado el Plan B, después de los procesos electorales, se tendrían que revocar estas leyes que estaban aprobadas en la ley secundaria del INE”, explicó.