Un exclusivo desarrollo inmobiliario de gran escala —que contempla comunidades residenciales, hoteles de lujo, campos de golf, clubes de playa y un muelle— es lo que se proyecta construir en Playa Las Cocinas, en Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; un espacio que por décadas ha sido utilizado por pescadores, familias locales y que además es zona de anidación de diversas especies de tortugas. Habitantes de la comunidad denuncian que, desde hace al menos ocho años, han sido testigos de cómo este sitio ha dejado de ser un espacio público para transformarse progresivamente en un proyecto privado de alto nivel, impulsado por la empresa Candiles de Mita, perteneciente al Grupo Dine. De acuerdo con la información disponible del propio corporativo, el plan forma parte de un megaproyecto turístico que abarca 700 hectáreas y 14 kilómetros de litoral, con una proyección de desarrollo que inició en 1994 y se extendería hasta el año 2030.

Los pobladores aseguran que, pese a sus constantes protestas, las obras han continuado avanzando, incluso —afirman— sin cumplir con todos los requisitos legales y ambientales. Además, acusan que sus manifestaciones han sido criminalizadas por las autoridades. Durante mesas de diálogo con el gobierno estatal, encabezado por el gobernador Miguel Navarro Quintero, se les aseguró que el acceso a la playa está garantizado para toda la población. No obstante, los habitantes sostienen que en la práctica esto no se cumple, ya que el proyecto contempla permitir el acceso únicamente a cinco de los 20 metros correspondientes a la zona federal marítimo-terrestre. Como forma de resistencia, los habitantes de Punta Mita anunciaron la realización de un festival cultural el próximo sábado, el cual funcionará como una especie de barricada pacífica para visibilizar la problemática y defender el libre acceso a la playa. Asimismo, hicieron un llamado al gobierno federal para que intervenga, al considerar que las autoridades municipales y estatales han sido omisas. Efraín López, uno de los principales defensores del territorio, recordó que desde 2018 comenzaron a observar intervenciones en la zona, cuando la empresa colocó gaviones como parte de las primeras obras. Posteriormente, en 2023, estos fueron removidos para sustituirse por grandes estructuras de piedra, lo que derivó en denuncias ciudadanas y la clausura temporal de los trabajos. Sin embargo, señaló que las labores se reanudaron, lo que generó preocupación entre pescadores y prestadores de servicios turísticos, quienes detectaron maquinaria, presencia de seguridad privada y restricciones de acceso en una playa que históricamente había sido de uso común. Los habitantes también alertaron sobre afectaciones ambientales, al señalar la remoción de manglares, plantas nativas y vegetación característica de la zona, lo que podría impactar directamente en el ecosistema costero y en las especies que ahí habitan. Pese a reuniones con autoridades municipales, representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como abogados de la empresa desarrolladora, los pobladores aseguran que no se ha logrado ningún acuerdo que garantice el respeto a los 20 metros de acceso libre establecidos por la ley. Ante este panorama, la comunidad mantiene su exigencia: preservar Playa Las Cocinas como un espacio público, proteger su valor ambiental y frenar un proyecto que, advierten, podría transformar de manera irreversible uno de los últimos accesos libres al mar en la región.