El presidente Andrés Manuel López Obrador no se cansa de repetir no somos iguales, en Morena tenemos ideales, no somos unos ambiciosos vulgares. Pero parece que su voz no llega hasta Baja California. Particularmente al municipio de Playas de Rosarito. A menos de una hora de la frontera con California, Estados Unidos, se ha convertido en la joya turística de playa en Baja California. No es poca cosa. Miles de turistas estadounidenses van cada fin de semana, atraídos por sus desafiantes olas para practicar el surf y por su internacional y deliciosa langosta con frijoles, su ambiente nocturno y más. La presidenta municipal es la morenista Araceli Brown Figueredo, quien suma a su larga lista de controversias y polémicas la protesta de los empresarios y comerciantes que están siendo extorsionados por sus enviados. Literalmente lanzó la caballería pesada contra toda clase de negocios que son el principal y único sostén de la economía de Playas de Rosarito. La orden es que paguen sí a sí. Comandos de inspectores y verificadores de la Dirección de Control Urbano, que revisan todo lo relacionado con los usos de suelo y licencias de construcción; de la Dirección de Recaudación de Rentas, verifican el cobro de permisos, derechos e ingresos; de la Dirección de Bomberos certifican que haya extintores y certificados de medidas de seguridad; los de la Dirección de Verificación se cercioran que los negocios cuenten con todos los permisos, principalmente para venta de alcohol en bares y restaurantes. Van puerta por puerta, negocio por negocio. No discriminan, agarran parejo. Lo que menos les importa son los permisos en regla o licencias vigentes. Van directo por la cooperación, el derecho del piso, pues. A todos les fue asignada una cantidad, a veces millonaria. Quienes no pagan, enfrentan clausuras definitivas de todos sus locales y sucursales. Han dejado a clientes y empleados atrapados dentro de los negocios clausurados. Los empresarios y comerciantes de Playas de Rosarito están acorralados. Los operativos municipales se realizan bajo la premisa de que todos trabajan irregularmente, pero fue precisamente Araceli Brown Figueredo, en su primera administración municipal 2019-2021, quien otorgó licencias, cobró derechos y verificó el cumplimiento de los reglamentos. No se salvan ni aquellos que patrocinaron sus dos campañas electorales, porque son órdenes de la jefa. Miembro del equipo político del exgobernador Jaime Bonilla, Araceli Brown Figueredo no ha escapado a los escándalos y polémicas. En marzo de 2020, permisionarios de transporte público solicitaron juicio político en su contra por violar la Constitución del Estado de Baja California y otorgar más de cien permisos de taxis cuando es una facultad estatal. En octubre de 2021, Regidores municipales solicitaron al Congreso juicio político por supuestamente haber nombrado de manera ilegal al secretario de seguridad pública municipal. En enero de 2022, también regidores de oposición solicitaron juicio político en su contra por desaparecer la figura administrativa de los regidores en el presupuesto de ingresos para este año. Solo les destinaron 300 mil pesos de presupuesto para los 10 regidores. En noviembre del 2020, Araceli Brown Figueredo escandalizó por un video difundido en redes sociales (https://youtube/olTjcGLTMDs). Convirtió la oficina del Presidente Municipal en cantina. Encabezó la comida con cervezas, tequila y guitarras incluidas para amenizar. Ella, por supuesto, lo negó, pero todo está en video. Puesto que está en su segundo periodo como presidenta municipal, hay quienes interpretan la ofensiva contra los empresarios como una colecta para su fondo de retiro. ¿Será? POR ALEJANDRO CACHO

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