Más de 600 mil migrantes que ingresaron a Estados Unidos cuando eran niñas y niños -y carecen de un estatus legal permanente- observan con ansiedad a una corte federal podría determinar si pueden permanecer o ser expulsados del país. Los llamados ‘dreamers’ son parte de un programa de 2012 del expresidente Barack Obama llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ofrece protección contra la deportación y proporciona permisos de trabajo. Pero si estados como Texas y Missouri tienen éxito en su afirmación de que DACA se creó ilegalmente, los migrantes podrían ser expulsados de Estados Unidos, donde muchos construyeron vidas y formaron familias. “Es un pensamiento paralizante”, dijo Yahel Flores, de 28 años, beneficiario de DACA y padre soltero que vive en Winston-Salem, Carolina del Norte. Flores, un defensor de migración de la American Business Immigration Coalition, dijo que si pierde su estatus legal, él y su hijo de 10 años, que nació en los EU, tendrán que depender de la ayuda de la familia extendida. Si bien la Corte Suprema de EU en 2020 dictaminó que el entonces presidente Donald Trump no tenía derecho a terminar abruptamente con DACA, la lucha legal se centró en si Obama tenía autoridad para iniciar DACA en primer lugar. Un panel de apelaciones de tres jueces en Nueva Orleans, todos designados por republicanos, escucharán los argumentos del caso este miércoles. Permisos de trabajo

Aquellos actualmente inscritos en DACA pueden renovar sus permisos de trabajo, pero no se aceptarán nuevas solicitudes hasta que se resuelva el atolladero legal en torno al programa. Lo más probable es que termine nuevamente en la Corte Suprema porque los jueces federales en diferentes partes del país han creado un mosaico de fallos legales. La coalición de estados liderados por republicanos que intentan detener DACA afirma que un presidente no puede usurpar legalmente la autoridad del Congreso para establecer políticas de migración o alterar programas federales sin seguir todos los pasos necesarios para la elaboración de normas. También se quejan de que DACA otorga beneficios federales, que los estados deben pagar, a clases enteras de personas en el país ilegalmente en violación de la ley de inmigración. Un juez de EU en Texas estuvo de acuerdo y declaró inconstitucional a DACA en julio de 2021. Pero dejó que el programa continuara en forma modificada mientras se desarrollaba la lucha judicial para evitar interrumpir las vidas de cientos de miles de ‘dreamers’. Los abogados federales argumentaron que DACA cumple con la ley de migración existente porque los agentes conservan la discreción de rechazar a solicitantes específicos caso por caso, mientras enfocan recursos limitados en expulsar a los delincuentes de mayor prioridad. Los estudios realizados por el Departamento de Seguridad Nacional muestran que los soñadores y sus hogares aportan 5 mil 600 millones de dólares en impuestos federales y otros 3 mil 100 millones en impuestos estatales y locales cada año. Los abogados de la administración de Biden enfatizaron en documentos judiciales que la capacidad de los ‘dreamers’ para trabajar legalmente, acceder a la atención médica del empleador, comprar casas y pagar impuestos a la propiedad reduce la carga financiera de los estados para brindar educación y servicios de salud a los migrantes indocumentados. PODER

“Estados Unidos perderá tantas oportunidades económicas y talento si no logramos este camino hacia la ciudadanía”, dijo Enrique Sánchez, un beneficiario de DACA de 26 años que es defensor de la American Business Immigration Coalition. Dijo que su estatus legal le impedía convertirse en agente de la ley en su casa de Park City, Utah. En su fallo, el juez de Texas dijo que le correspondía al Congreso decidir la política de migración y el destino de los ‘dreamers’. El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, estuvo de acuerdo, pero dijo que la administración está haciendo todo lo posible para reforzar DACA a través de una nueva regulación mientras presiona al Congreso para que promulgue una solución a largo plazo. “El programa DACA ha mejorado la vida de las personas y ha enriquecido a nuestro país”, dijo Mayorkas en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esta administración continuará luchando para proteger el programa DACA, y continuaremos abogando por una legislación que sea la solución duradera y permanente para estos jóvenes que lo merecen”. Con información de El Financiero