Tras varios intentos fallidos y ciberataques que han vulnerado desde el sistema de pagos hasta al mayor órgano de seguridad en el país, finalmente se presentó una nueva iniciativa de ley federal de ciberseguridad, que busca atender varios frentes para proteger a las instituciones, empresas y población.  La propuesta fue presentada a la Cámara de Diputados por Javier López Casarín, miembro del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la cámara baja, quien desde octubre del año pasado había dicho que ya se estaban revisando las 19 iniciativas de ley de ciberseguridad presentadas en el Congreso durante los últimos años.  Tras medio año de análisis, finalmente se tiene lista la iniciativa de la Ley Federal de Ciberseguridad que consta de 92 artículos divididos en ocho títulos y con ocho artículos transitorios.  Para López Casarín, esta propuesta es clave porque, cada vez más, los servicios vitales para la sociedad están siendo dependientes de las infraestructuras tecnológicas, a tal grado, que fallas en ellas, pueden causar enormes daños humanos y financieros, e inclusive riesgos a la seguridad nacional.  "En este sentido, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para los gobiernos y sociedades de todo el mundo”. Lo que propone

La iniciativa busca crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que según el artículo 13 dependerá directamente del titular del Ejecutivo federal.  Dicho organismo tendrá varias atribuciones como coordinar el desarrollo, implementación, evaluación, actualización y mejora continua de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad; generar un Registro de Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos Públicos y Privados; establecer esquemas de cooperación con organismos internacionales y autoridades extranjeras, así como facilitar la denuncia ciudadana, entre otras acciones.  También se propone la creación de un Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad, el cual contará con información de ataques o delitos cibernéticos que afecten las operaciones de organismos públicos o privados. Sin embargo, los datos que éste contenga serán de carácter de reservado para salvaguardar la confidencialidad de los entes que compartan información.  La iniciativa también define aquellas amenazas cibernéticas consideradas de seguridad nacional y dice que, cuando se investiguen, las entidades deberán dar la información solicitada. Delitos que contempla la iniciativa

De los delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Del ataque a la integridad de un sistema informático. 

De la interceptación de datos. 

De la falsificación informática. 

Del abuso de dispositivos tecnológicos. 

Del fraude por medio informático. 

De los delitos contra la integridad y libertad de las personas. 

Propiedad intelectual. Por Dinero en Imagen / Aura Hernández.