De cara al 2025 donde la materia electoral y de transparencia serán fundamentales para fortalecer la democracia en San Luis Potosí, principalmente por las elecciones sobre cargos del Poder Judicial, el Gobierno Estatal designó en su presupuesto de Egresos a todos los organismos autónomos un monto de 4 mil 909 millones 759 mil 191 pesos.

Comenzando esta lista: Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se le aprobó un presupuesto de 244 millones 785 mil 562 pesos para el año entrante, lo cual cumple con la propuesta del Ceepac. Sin embargo, en recientes declaraciones de la titular del organismo electoral, Paloma Blanco López, señaló que es un presupuesto contemplado solamente para el gasto ordinario y no para las elecciones de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí (PJESLP).

En cuanto a la Fiscalía General del Estado (FGE) encabezada por María Manuela García Cázares, el Ejecutivo estatal les otorgó una cantidad de mil 400 millones de pesos para seguir realizando acciones de justicia el siguiente año. Cabe mencionar que la representante de la FGE anunció que buscarán reforzar la Policía de Investigación (PI) añadiendo más elementos porque en la actualidad la carga de trabajo está rebasando a la corporación.

Mientras que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (Cegaip) es el órgano autónomo con menor presupuesto para 2025, recibiendo la cantidad de 25 millones 060 mil 259 pesos. Es importante señalar que durante el último trimestre del año desde el nivel federal se aprobó la eliminación de siete organismos autónomos, lo cual estaría ‘tambaleando’ la existencia de la CEGAIP.

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Finalmente, los organismos autónomos restantes son los siguientes: Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con 2 mil 805 millones 399 mil 492 pesos; Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) con 300 millones de pesos; Tribunal Electoral del Estado con 31 millones de pesos, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí con 56 millones 068 mil 685 pesos; y por último 47 millones 445 mil 193 pesos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.