Con el objeto de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, la Junta de Gobierno y Coordinación Política presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, a fin de que la persona titular del Poder Ejecutivo tenga la facultad de remover al fiscal general del Estado en casos justificados. También se incluye un mecanismo de contrapeso al permitir que el Congreso del Estado pueda objetar dicha remoción con una mayoría simple, asegurando así que la decisión no sea arbitraria y que exista un control legislativo sobre las acciones del Ejecutivo. De igual manera, se disminuye de 9 a 7 años la temporalidad del cargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y se modifica la figura de remoción, por la de destitución por causas graves. En la exposición de motivos de la propuesta se señala que el sistema de justicia en cualquier sociedad democrática debe garantizar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas de sus funcionarios. Se añade que el fiscal general del Estado, como máximo responsable de la persecución de delitos y la administración de justicia penal, debe ser una figura que inspire confianza y cuya actuación esté siempre orientada por los principios de legalidad, imparcialidad y ética. Asimismo, se precisa que actualmente en la norma se contempla la posibilidad de que el Congreso del Estado objete la remoción del fiscal general, incluso cuando éste haya incurrido en conductas graves, lo que constituye una violación directa al Estado de Derecho, por lo que se considera fundamental que cualquier funcionario, y más aún aquellos con responsabilidades tan cruciales, puedan ser removidos de su cargo si incurren en faltas graves sin que existan obstáculos que perpetúen su impunidad. “La implementación de esta reforma es un paso necesario para fortalecer el Estado de Derecho en Guanajuato, garantizar la rendición de cuentas y promover una administración de justicia eficiente y transparente. Es imperativo que las leyes y los mecanismos institucionales aseguren que ningún funcionario, por más alto que sea su cargo, esté por encima de la ley”, se enfatiza en el texto. Finalmente, se precisa que, al eliminar los obstáculos para la remoción del fiscal general, se promueve una administración de justicia más transparente y eficiente.  

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