Hace algunos meses y trabajando en el asesoramiento de una Tesis de posgrado en la UASLP sobre el sistema penitenciario en el estado de San Luis Potosí, me di a la tarea de integrar un artículo para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en el cual enfatice la importancia de analizar el desarrollo del sistema penitenciario en el estado de San Luis Potosí y declarar sus grandes desafíos para el Gobierno Gallardista, ya que lo que se busca es alcanzar la prevención social y subsecuentemente que se ejecuten acciones en prevención del delito. En efecto, una de mis primeras conclusiones en mi estudio fue que el concepto neuronal del sistema penitenciario evoluciona en cuanto al significado que se le atribuye. Esto en razón del contexto social, político y económico en que las normas establezcan los medios para el cumplimiento de las funciones en los sistemas de reclusión, principalmente en la protección de los derechos humanos. Con ello se subraya que las penas y medidas de seguridad impuestas por los códigos, requieren seguir analizándose con minuciosidad en el alcance de su valoración. Por lo anterior, en este artículo se considera determinante analizar la situación inmediata y definir uno de sus grandes desafíos, enunciado los principales aspectos en la gestión de los centros penitenciarios que dificultan acceder al propósito de integrar a las personas egresadas del sistema de justicia a su comunidad en condiciones estables. Por lo anterior, y confrontando los sucesos inmediatos del motín en la Pila de SLP hace un par de meses, es que uno de los mayores desaciertos y/o los grandes desafíos para la nueva dirección radicará en no omitir las observaciones de implementar las estrategias de contingencia oportunas en donde se preparen planes preventivos bien elaborados para la redistribución y ordenamiento de los internos; esto se debe de lograr trabajando en interdisciplinariedad en los asuntos que involucran la contención de la violencia al interior y prevenir la detonación letal de la gobernabilidad al del centro penitenciario. Es importante, y en seguimiento a las líneas anteriores, señalar algunos antecedentes importantes como la reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, en donde se estableció en México el Sistema de Justicia Penal o Sistema Procesal Penal Acusatorio, ya que presentó un cambio trascendental en las atribuciones de las autoridades en los tres niveles de gobierno encargadas de la prevención del delito, la investigación de estos, la administración de justicia, incluyendo la sanción y la ejecución, y que trajeron aparejada la importante modificación Constitucional del 11 de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos, misma que sentó las bases en que se organizará el Sistema Penitenciario: el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Para ello, y otro gran desafío de nuestro sistema penitenciario, es la necesidad de presentar nuevos programas dirigidos tanto a las personas privadas de la libertad, como a funcionarios que laboran dentro de este sistema. Si bien la reinserción social comprende desde la salud, educación, deporte, trabajo y capacitación para el mismo a la luz de los derechos humanos, el presente trabajo pretende encauzar una propuesta hacia la capacitación para el trabajo como una herramienta que dote a la persona privada de libertad de capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes durante su reclusión y que sin duda los efectos se materialicen en su vida en libertad. Derivado de lo anterior, es importante destacar que la capacitación para el trabajo en México se institucionalizó en el año 1962 y en el Estado de San Luis Potosí desde el año 1997 con la creación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí (ICATSLP) como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, cuya misión es impartir e impulsar, en estrecha vinculación con los sectores productivo y social, la capacitación formal para el trabajo que requieran las y los adolescentes, así como las personas adultas a efecto de que puedan incorporarse productivamente al mercado laboral, desempeñando plenamente un trabajo remuneradamente útil que ayude al mejoramiento de su calidad de vida. En ese sentido, el ICATSLP desde su creación ha contribuido con cursos de capacitación para el trabajo a la población en general mayor de 15 años y desde el año 2000 a las personas privadas de la libertad en el Estado de San Luis Potosí, a través de convenios de colaboración. Por último, y como conclusión general a esta breve reflexión académica, es importante establecer un trabajo que fortalezca las intenciones de la nueva dirección hacia un cambio sistémico del modelo penitenciario en SLP, pero este debe centralizarse o enfocar sus esfuerzos  en  la capacitación para el trabajo impartida por el ICATSLP en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.