La prisión preventiva oficiosa incrementó el número de población penitenciaria en México, sin que redujeran los delitos a los que se les aplica esta medida judicial desde que se implementó hace tres años en el país, reveló un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD). “Aunque en los últimos dos años ha crecido el número de personas encarceladas en México, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva”, se lee en el documento elaborado por el organismo dependiente de la Cámara alta del Congreso mexicano. Además, el estudio indica que la prisión preventiva oficiosa, que se utiliza para retener a presuntos infractores de delitos graves como el peculado, la delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, violación, secuestro, entre otros, también viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso. Esto, de acuerdo con los criterios más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El estudio “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles, también sostiene que “lejos de disminuir (los delitos graves), aumentaron en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad que aqueja al país”. De acuerdo con el reporte del BID, entre 2020 y 2021, aumentó el número de personas presas por delitos relacionadas a esta medida judicial. Sin embargo, aclara, “esto no impidió que algunos de estos delitos siguieran aumentando”. El documento detalla que tan solo en casos como feminicidios, estos aumentaron un 3.2%; el abuso sexual un 23%; la desaparición forzada un 13%, y los delitos electorales lo hicieron en un 557%. --

Con información de EFE