Mientras escribo, tres estudiantes jaliscienses –Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, todos de la Universidad de Guadalajara– enfrentan la audiencia que determinará si permanecen en prisión preventiva o pueden seguir en libertad el proceso por el delito del que los acusan dos empresas inmobiliarias. ¿Cuál es ese delito? El titular del Washington Post lo resume en todo su absurdo: “Mexican students arrested, jailed for planting trees”; “estudiantes mexicanos arrestados, encarcelados por plantar árboles”. El resumen más sucinto y puntual lo hizo Mauricio Merino el lunes pasado en su columna de El Universal. Armenta, Cisneros y Rojas “están acusados del delito de despojo por empresas privadas que, con el respaldo de las autoridades locales, se adueñaron de un amplio terreno donde debió construirse un parque público... En marzo del 2021 esos jóvenes estudiantes respaldaron a los vecinos de Huentitán para oponerse a ese despropósito y encabezaron un plantón –cosa muy diferente a un despojo– para pedir que se rectificara la decisión: pedían que se respetara el plan de desarrollo urbano original y que, en vez de levantar más edificios para la élite, se cumpliera el compromiso del espacio público”. El plantón incluía, en efecto, plantación de árboles. Pero ni el Washington Post ni Merino ni yo somos jueces. Acaso haya quien piense que puede proceder una denuncia tan improcedente como la que pretende tipificar como despojo lo que a todas luces es un acto pacífico de protesta. Lo que llama a escándalo es que el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos haya decidido dictar prisión preventiva oficiosa a los estudiantes por una causal que ni siquiera figura en la hipertrofiada lista añadida en la reforma constitucional de 2019, ésa en la que –a iniciativa del Ejecutivo federal, y con total desdén al debido proceso– a la violencia sexual contra menores, la delincuencia organizada, la violación y el homicidio doloso se suman el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales o la corrupción. Pero, cosa curiosa, no el despojo. Que el juez Rivera Gallegos sea esposo de María Cristina Estrada, “ex regidora tapatía así como funcionaria emecista de Guadalajara… denunciada por los tres estudiantes ante la Fiscalía Anticorrupción por las anomalías del proyecto” –como apunta el periodista Jonathan Lomelí en su columna de El Informador del lunes pasado–, y que la denuncia se produzca en el marco de un largo, doloroso y doloso hostigamiento del gobierno de Jalisco a la Universidad por diferencias políticas, sirve para explicar el encarcelamiento no sólo injusto sino ilegal de los tres estudiantes. También sirve para evidenciar cómo la reciente reforma en materia de prisión preventiva oficiosa puede erigirla en herramienta de represión política. POR NICOLÁS ALVARADO

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