La atención a las problemáticas que enfrentan los ecosistemas costeros de México, particularmente en los estados de Jalisco y Nayarit, se ha convertido en una de las principales prioridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aseguró su titular, Mariana Boy Tamborrel.

La funcionaria destacó que ambas entidades registran un importante crecimiento económico y turístico, por lo que resulta fundamental garantizar que dicho desarrollo ocurra de manera ordenada y en apego a la legislación ambiental.

“Quiero primeramente compartirles que la atención a las problemáticas que enfrentan los ecosistemas costeros del país, en particular en Jalisco y Nayarit, han sido una prioridad para la Profepa.

Son estados en franco crecimiento, lo cual nos parece sumamente importante en términos económicos para la región y para el país, pero es indispensable que este crecimiento sea ordenado, que sea respetuoso de la normativa ambiental y del gran patrimonio que albergan estos dos maravillosos estados”.

En ese sentido, destacó que desde octubre de 2024 a la fecha, la Profepa ha realizado más de 250 visitas de inspección en ambos estados para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y prevenir afectaciones a los ecosistemas costeros, lo que ha dado como resultado 55 clausuras en ambas entidades, de las cuales 20 corresponden a desarrollos inmobiliarios.

“De octubre del 2024 a la fecha, hemos realizado más de 250 visitas de inspección en ambos estados, casi 190 en el estado de Nayarit y cerca de 70 en el estado de Jalisco, y esto con el objeto de poder verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y también, poder prevenir y evitar posibles afectaciones a los a los ecosistemas costeros y a sus recursos naturales.

Como resultado de estas visitas hemos impuesto 55 clausuras en las dos entidades, 20 de las cuales corresponden a desarrollos inmobiliarios”.

La procuradora explicó que estos procedimientos tienen como propósito no solo sancionar los ilícitos ambientales, sino también impulsar la reparación de los daños ocasionados a los ecosistemas.

En ese sentido, subrayó que las sanciones económicas por sí solas no son suficientes para restituir las condiciones ambientales afectadas ni garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano, por lo que se promueve un enfoque de justicia restaurativa, orientado a recuperar las funciones ecológicas de los ecosistemas dañados y asegurar su conservación a largo plazo.

“Con estos procedimientos buscamos no solamente sancionar los ilícitos ambientales y proteger los ecosistemas costeros a través del cumplimiento en la normatividad, sino que también buscamos avanzar hacia la reparación de los daños que es uno de los ejes rectores y sustantivos de esta nueva Profepa que estamos impulsando.

Las sanciones económicas no restituyen las condiciones ambientales ni nuestro derecho al medio ambiente sano. La justicia restaurativa por el contrario, tiene por objeto recuperar las funciones ecosistémicas afectadas y por eso es parte de nuestros ejes rectores”.

Mariana Boy añadió que las problemáticas detectadas en Jalisco y Nayarit también se presentan en otras regiones costeras del país, por lo que la Profepa ha reforzado su presencia y acciones de vigilancia en estados como Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur.

En los casos donde se detectan irregularidades o afectaciones al entorno natural, la dependencia busca que los responsables no solo enfrenten las sanciones correspondientes, sino que también reparen los daños causados y contribuyan a la restauración de los ecosistemas costeros afectados.