México enfrenta una constante demanda de reforma fiscal, un tema que ha sido fuente de debate durante décadas. La necesidad de una reforma se agrava ante la creciente desigualdad económica y la presión para aumentar la recaudación fiscal debido al creciente déficit fiscal y la deuda pública. Es lógico que el modelo de asistencialismo requiere capital y el presupuesto no permite operar todos los planes: cumplir la promesa requiere obtener más recaudo y con ello, validar nuevas normativas fiscales.

Enfoquemos el problema entendiendo si es viable una reforma fiscal en México sin afectar a las grandes corporaciones, que tradicionalmente han disfrutado de privilegios fiscales y exenciones, mientras que los sectores más vulnerables y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) han cargado con una mayor parte del peso tributario. Con informalidad en el campo laboral, los cautivos nos vemos obligados a jugar con reglas disparejas e injustas.

En 2014, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se presentó una reforma fiscal que incluyó cambios significativos en el sistema tributario del país. Este cambio legislativo contempló el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ciertos productos y servicios, así como modificaciones al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En aquellos tiempos, usted debe recordar como uno de los elementos más controversiales fue la falta de modificaciones sustanciales a las grandes corporaciones y sus beneficios fiscales. A pesar de algunos incrementos en los impuestos a sectores como las telecomunicaciones, las grandes empresas continuaron gozando de exenciones y deducciones que impactaron de manera menor en su carga tributaria en comparación con las PyMEs. Esto llevó a una fuerte crítica por parte de muchos sectores, que señalaron que la reforma no había resuelto el problema de la desigualdad fiscal.

En 2016, América Móvil aprovechó deducciones fiscales por inversiones en infraestructura y gastos operativos, además de beneficiarse de exenciones en ciertos ingresos. Utilizó esquemas de optimización tributaria como la reinversión de utilidades y la depreciación acelerada de activos. A pesar de obtener una utilidad neta de 24,883 millones de pesos, la empresa pagó una tasa efectiva de impuestos del 9.7%, significativamente inferior a la tasa estándar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las personas morales en México, el atemorizante 30%.

Ante esta desigualdad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, propuso una serie de cambios fiscales con el fin de incrementar la recaudación y reducir la evasión fiscal. Es evidente que las principales medidas presentadas se enfocaron en reducir la informalidad, mejorando la fiscalización mediante la digitalización de los procesos, el uso de plataformas electrónicas y la simplificación de un sistema fiscal.

Los resultados no fueron los esperados, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la evasión fiscal en México se posicionó entre el 13% y el 15% del Producto Interno Bruto (PIB). Alrededor de 2.5 a 3 billones de pesos anuales es la cantidad perdida, lo que evidencia la magnitud del problema y resalta las limitaciones de las reformas implementadas hasta ahora para abordar la evasión y ampliar la base tributaria.

El análisis es claro, aunque contemplemos mayor recurso, la deuda pública sigue dejando en evidencia el asistencialismo político. Vivimos ante el mayor incremento de deuda pública en los últimos 20 años, con un endeudamiento equivalente al 56% del PIB, las políticas de austeridad, las exigencias derivadas de la pandemia, los programas sociales y el gasto en infraestructura, han provocado un aumento sostenido que parece continuar con Claudia Sheinbaum. El desafío de manejar la deuda pública sin comprometer la estabilidad económica, debe ser un tema clave para la administración actual.

Ante la necesidad de obtener más recurso, hemos visto una lluvia de propuestas que no han cuajado: mejorar las capacidades tecnológicas con un sistema de facturación electrónica para evitar la evasión fiscal, la ampliación de la base tributaria, la implementación de impuestos verdes, la creación de un impuesto a las grandes fortunas y la simplificación de los impuestos para las pequeñas y medianas empresas, se han presentado como opciones sin impacto representativo.

Los bloqueos de grupos empresariales, la falta de apoyo de partidos opositores y la fuerte presión de las grandes corporaciones han creado un ecosistema de tensión política y económica en el que se dificulta la implementación de reformas estructurales. Esto ha llevado a un estancamiento en varias áreas clave, afectando tanto el crecimiento del país como la capacidad del gobierno para responder de manera efectiva a las demandas sociales y económicas, mientras las corporaciones continúan beneficiándose de exenciones y tratamientos fiscales preferenciales.

Si usted ha llegado hasta esta sección de mi columna (¡gracias!), habrá notado la incidencia de subir impuestos, colocar nuevo tributo, asfixiar al cautivo y seguir con expectativas de caza y captura propia de los carentes de ideas… ¿Qué le parece si buscamos un océano azul, en el que hagamos lo contrario para buscar soluciones efectivas para un país carente de propuestas bien fundamentadas?

Criticar es fácil, argumentar y hacer comparativas de pasado resulta sencillo… pero proponer es un objetivo que perfila como la secuencia necesaria para el avance. Descubra mis propuestas, desde mi visión libertaria, utopías reales para un México que agoniza fiscalmente:

Imagine la eliminación de impuestos distorsionantes como el impuesto sobre la nómina y la reducción de la tasa corporativa. En lugar de seguir gravando fuertemente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con una carga fiscal promedio superior al 30%, analice la posibilidad de una tasa reducida del 20% para grandes corporaciones y una exoneración total a PyMEs con ingresos menores a 5 millones de pesos anuales.

Este cambio beneficiaría a sectores clave de la economía, estimulando la inversión y mejorando la competitividad en el mercado global. México formaría parte de esa lista de países en los que la OCDE, confirma un crecimiento económico más sólido. Al ofrecer incentivos fiscales a las empresas, se fomenta la creación de empleos y la inversión en proyectos de infraestructura, lo que, a largo plazo, podría generar un aumento del 2-3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Aunado a la eliminación de impuestos distorsionantes, valore la posibilidad de una reducción de IVA y la eliminación de Exenciones; actualmente, México mantiene una tasa de 16% sobre la mayoría de los productos, lo que afecta directamente el poder adquisitivo de las clases medias y bajas. Proponer una reducción a 12% en la tasa general de IVA tendría efectos inmediatos en el consumo, uno de los motores más importantes de la economía. Una tasa más baja de IVA no solo beneficia a los consumidores, sino que también aumentaría la competitividad de las empresas nacionales frente a sus competidores internacionales, impulsando sus exportaciones.

Este cambio, si bien podría representar una disminución en los ingresos fiscales en el corto plazo, se vería compensado por el aumento en la recaudación a través de un mayor volumen de consumo y una mayor formalización de la economía. En términos de impacto fiscal, esta reducción podría generar un aumento de 100,000 millones de pesos al año, de acuerdo con estimaciones de México Evalúa, lo cual tendría un impacto positivo en el presupuesto nacional

Como no hay dos sin tres, la tercera propuesta se enfoca en la implementación de un impuesto único personal o flat tax, que constituye una de las propuestas más radicales, pero potencialmente transformadoras para el sistema fiscal de México. Bajo este esquema, todos los trabajadores, independientemente de su nivel de ingresos, pagarían una tasa fija del 15% sobre sus ingresos, eliminando los complicados tramos progresivos que actualmente diferencian a las personas con mayores y menores ingresos. Este sistema, defendido por economistas de la corriente neoliberal como Javier Milei, propone una tributación más simple, equitativa y difícil de evadir. Estudios internacionales, como los realizados por el Tax Foundation, han demostrado que la implementación de un flat tax puede tener efectos positivos sobre la recaudación, ya que la simplificación del sistema genera un aumento en la formalización y reduce la evasión.

La adopción de este sistema en países como Estonia o Hungría ha resultado en un crecimiento económico del 4-5% anual en el largo plazo, debido a la mayor competitividad y productividad que se genera. En México, un flat tax del 15% podría generar hasta 120,000 millones de pesos adicionales en ingresos fiscales anuales, una vez implementado, al simplificar el proceso tributario y disminuir la evasión fiscal. Para su implementación, sería necesario modificar el Código Fiscal de la Federación y la Ley del ISR, reemplazando el sistema progresivo por una tasa única que afecte a todos por igual, acompañado de una digitalización avanzada que permita un control más efectivo de los ingresos personales y la transparencia fiscal.

¿Qué le ha parecido la columna del día de hoy? Espero la disfrutara, teniendo oportunidad de cuestionarla para formular un debate importante en un México necesitado… El aumento de impuesto es sinónimo de falta de ideas, reducir para aumentar es la solución, sabiendo también que, como problema principal, estará la implementación y confianza.

SOBRE LA FIRMA

Columnista en #Globalmedia desde el 2018

Escribe sobre economía y politica nacional e internacional.

Economista, Doctor en Adminstración con experiencia en Mercados Financieros.