México tiene más de 11 mil kilómetros de costa, en ese territorio conviven playas, manglares, dunas, arrecifes, lagunas costeras, cenotes y otros ecosistemas que funcionan como barreras naturales frente a huracanes, albergan biodiversidad y sostienen actividades económicas y comunidades enteras.

Sin embargo, durante años existió un vacío relevante en la legislación ambiental mexicana: la ley no establecía con precisión qué debía entenderse por ecosistema costero. La falta de una definición no era solamente un asunto jurídico. En la práctica, podía abrir espacio a interpretaciones sobre qué terrenos y ecosistemas debían someterse a las disposiciones federales de protección ambiental.

Un proyecto ubicado cerca de un manglar, una duna o algún otro ecosistema podía enfrentar discusiones sobre si la zona estaba comprendida o no dentro de las categorías previstas por la legislación.

Ese vacío comenzó a cerrarse en 2013. El 21 de febrero de ese año, el entonces senador Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente una definición específica de los ecosistemas costeros.

La propuesta también buscaba establecer con mayor claridad que las obras y actividades desarrolladas en esas zonas estuvieran sujetas a la evaluación de impacto ambiental correspondiente.

¿Qué quedó protegido exactamente?

Uno de los principales alcances de la reforma fue detallar los elementos que forman parte de los ecosistemas costeros. La legislación incorporó playas, dunas costeras, acantilados, lagunas costeras, esteros, marismas, pantanos, ciénegas, manglares, petenes, oasis, cenotes, palmares, selvas inundables, arrecifes de coral, pastos marinos y costas rocosas, entre otros.

También estableció una delimitación para estas zonas, que comprende desde el mar en profundidades menores a 200 metros y se extiende hasta 100 kilómetros tierra adentro.

La importancia de la definición está en reducir los márgenes de interpretación. Al identificar expresamente estos ecosistemas, las autoridades cuentan con una base jurídica más clara para determinar cuándo un proyecto debe someterse a evaluación federal en materia de impacto ambiental.

El cambio legislativo atravesó un proceso de varios años. Después de la iniciativa presentada por Jorge Emilio González, el proyecto avanzó en el Congreso y, el 14 de octubre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por unanimidad, con 401 votos a favor.

El proceso legislativo continuó hasta que la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2018. La modificación se convirtió así en parte del marco jurídico que regula la protección de las costas mexicanas y en uno de los cambios legislativos impulsados desde el Partido Verde en materia ambiental.

Más allá de su origen político, su efecto está en haber establecido una definición que permite identificar con mayor precisión qué integra un ecosistema costero y bajo qué condiciones debe intervenir la autoridad ambiental federal.

¿Qué significa en la práctica?

La reforma tiene consecuencias concretas, las obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas contemplados por la legislación deben cumplir con los procedimientos ambientales que correspondan antes de desarrollarse.

Esto incluye zonas especialmente sensibles como manglares, dunas, arrecifes, lagunas costeras o cenotes. 

Para los ciudadanos también representa una herramienta de vigilancia. Cuando exista la sospecha de que una obra se desarrolla sin las autorizaciones ambientales necesarias, es posible presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

La ley ya establece qué debe protegerse, el reto permanente está en que esas disposiciones se cumplan frente a la presión inmobiliaria, turística y económica que enfrentan las costas mexicanas.

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Con información de Excélsior