Para que los cambios nacionales en materia civil y familiar se traduzcan en reglas claras para las personas en asuntos relacionados con la familia, el patrimonio, las sucesiones, los contratos, la custodia o la convivencia, el Gobierno de Jalisco inició una ruta de trabajo interinstitucional ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. “Las leyes cambian porque también cambian las necesidades de las personas. Desde la Consejería Jurídica asumimos la responsabilidad de conducir, desde el Ejecutivo, una ruta ordenada para que Jalisco llegue preparado a esta nueva etapa. Nuestro objetivo es que la implementación del Código Nacional no sea improvisada, sino clara, coordinada y útil para las y los jaliscienses”, afirmó Tatiana Anaya, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

La Consejería Jurídica instaló mesas permanentes con representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como del Colegio de Notarios de Jalisco para revisar el marco jurídico local, identificar las leyes que deban actualizarse y construir criterios comunes para una implementación ordenada. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece reglas comunes para juicios civiles y familiares en México, y su entrada en vigor tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027. Por ello, las entidades federativas deben preparar con anticipación sus adecuaciones legislativas, operativas e institucionales. En ese proceso, la Consejería Jurídica será la instancia técnica del Ejecutivo encargada de articular la revisión normativa y acompañar las propuestas que permitan alinear las disposiciones locales con el nuevo modelo nacional.  Esta tarea permitirá dar seguimiento a posibles reformas, homologar criterios entre instituciones y anticipar riesgos normativos antes de la aplicación del nuevo ordenamiento. Desde el Poder Judicial, la preparación de los órganos jurisdiccionales será central para aplicar el nuevo modelo procesal.  El Magistrado José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, destacó la necesidad de contar con criterios claros, capacitación y coordinación permanente. “Primero, quiero agradecer la convocatoria a esta mesa, que creo que es muy importante su instalación, porque al final de cuentas, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no es algo que compete únicamente al Poder Legislativo, ni solamente al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo o al notariado. (...) Es un tema que involucra a muchos entes, a muchos sectores y, sobre todo, al sector público y al ámbito que nos corresponde”, expresó. En el ámbito legislativo, el Congreso del Estado tendrá un papel clave en el análisis, discusión y eventual aprobación de las reformas necesarias para armonizar el marco jurídico estatal.  “Hemos hablado de cómo lograr, no nada más en el Área (Metropolitana de Jalisco), sino en todo el estado de Jalisco, que de manera logística se pueda acercar más la justicia, (...) sí me resulta muy importante e interesante saber cómo vamos a hacer para que la justicia no se aleje, porque es una preocupación, primeramente como persona y después también como representante legislativo”, señaló la Diputada Norma López Ramírez. Las mesas también servirán para definir una ruta de capacitación e implementación dirigida a juzgados, dependencias y áreas jurídicas vinculadas con procedimientos civiles y familiares. Con esto, se apuesta en que las instituciones involucradas cuenten con bases comunes y mecanismos de coordinación antes de la entrada en vigor del Código. El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco participa como actor técnico por la relación que diversos actos civiles, familiares y patrimoniales tienen con la función notarial, entre ellos sucesiones, poderes, compraventas, donaciones y certificaciones. Con la instalación de estas mesas permanentes, Jalisco se anticipa a una reforma nacional que impactará la justicia cotidiana. 

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo fortalecerá su papel como instancia de articulación, asesoría y revisión jurídica para que la transición al nuevo Código Nacional se traduzca en mayor claridad normativa, seguridad legal y mejores condiciones de acceso a la justicia.