Si se aplica estrictamente el derecho y la justicia, el plan B debería ser invalidado por la mayoría de los ministros pues ya hay jurisprudencia al respecto Se atoró el dictamen del plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador. Hasta febrero, el Senado va a desahogar el dictamen devuelto por diputados en la materia. Es la primera vez en los últimos 30 años que se da un escenario como el que ocurrió en el cierre del periodo de sesiones que concluyó el 15 de diciembre, en el que un proyecto se pimponea dos veces entre las cámaras de Diputados y Senadores y se trastoca aun al margen de la ley. Hasta antes del plan B, cuando una iniciativa sale de la cámara de origen y pasa a la revisora, si ésta última modifica el proyecto original, la de origen debe aprobarla en dichas condiciones para que sea divulgada en el Diario Oficial de la Federación, pero en caso contrario, es decir, si se hacen cambios, el proyecto se va a la congeladora. En esta ocasión no ocurrió así. En febrero, según Ricardo Monreal va a ser retomada y discutida, supuestamente para ser aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados. Monreal descartó la posibilidad de llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para procesar el dictamen de Reforma Electoral que regresó la Cámara de Diputados, pues este frente no hace mayoría en la Comisión Permanente para convocar a dicho periodo. La única alternativa que existe es que en febrero, cuando inicia el segundo periodo de sesiones, del segundo año de la LXV Legislatura, se someta dicho dictamen al proceso en Senado. De ser así, la Reforma Electoral terminará en la Corte, pues desde el inicio de la presentación se violó el proceso para sacar el plan B. No se presentó ni se discutió en comisiones legislativas, no se divulgó en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, por lo que los legisladores no tuvieron tiempo de estudiar ni procesar el contenido de la propuesta, sufrió alteraciones la redacción de lo que aprobaron Morena, PT y PVEM, y tampoco se mandó a la congeladora, a pesar de ser tocada dos veces después de ser aprobada la primera vez. Si se aplica estrictamente el derecho y la justicia, el plan B debería ser invalidado por la mayoría de los ministros, pues ya hay jurisprudencia al respecto. Sin embargo, hasta en Morena están conscientes de que la decisión final puede convertirse en una acción política en donde el antecedente o jurisprudencia no sirva de referente, pues además de que en enero habrá nuevo presidente de la Corte, la mayoría de los ministros se ha pronunciado en los últimos casos a favor de los criterios de López Obrador en temas como la militarización. El tema que invalidaron los ministros al final del mandato de Peña Nieto fueron las reformas a la Ley Federal de Radio y TV de 2017, una suerte de ley mordaza, acusando que existieron violaciones en el proceso legislativo. Alberto Pérez Dayán argumentó que existieron omisiones al proceso legislativo, como no haber incluido a todas las comisiones. Ese antecedente se repitió, incluso con violaciones más graves durante el plan B de la Reforma Electoral. La independencia de la SCJN estará a prueba.

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Uppercut: Seguridad Pública Ciudadana ya tiene ubicados a los agresores de Ciro Gómez Leyva. Viven en Ecatepec, es cuestión de horas para presentarlos. El reto ahora es aclarar quién pagó sus servicios como sicarios y la motivación para dar la orden de eliminar al periodista. POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

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