Luis Ernesto Munguía rindió protesta como presidente municipal de Puerto Vallarta el 30 de septiembre de 2024. La encuesta “EVAL MUNICIPIOS – Abril 2026” de la casa encuestadora Rubrum (conocida por sus mediciones periódicas de aprobación ciudadana) comparó la percepción de los alcaldes de 104 municipios del país.  En el ranking general, Puerto Vallarta aparece en el lugar 98 con un puntaje cercano a 3.9 de 10, muy lejos de los primeros sitios. El desempeño del presidente Munguía se ubicó entre los más bajos de la lista. La calificación refleja cómo los ciudadanos valoran la gestión municipal en temas como servicios públicos, seguridad y economía.  Puerto Vallarta se ha consolidado como destino turístico, pero su desempeño se ha deteriorado. La Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas señaló que, en el verano de 2025, la ocupación promedio cayó a 70 % (antes rondaba el 90 %) debido a la ausencia de campañas de promoción conjunta con Puerto Vallarta. La falta de coordinación de promoción entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit obligó a reducir vuelos, lo que incide en el flujo de visitantes. Tras los disturbios del 22 de febrero de 2026 (cuando grupos delictivos causaron bloqueos en la región), la iniciativa privada percibió una recuperación lenta. El presidente de Coparmex Puerto Vallarta, Francisco Gabriel Vizcaíno, advirtió que la economía local depende en 90 % del turismo y que la cancelación de cruceros y la incertidumbre afectaron severamente al comercio; reclamó estrategias de promoción turística y comunicación clara sobre seguridad.  El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que los hechos de febrero dañaron la imagen del destino y explicó que su gobierno impulsa nuevas campañas digitales y alianzas con influenciadores para reposicionarlo.  Estas acciones estatales evidencian que el ayuntamiento no tenía una estrategia propia de promoción a pesar de que se está construyendo una nueva terminal aérea.

Uno de los indicadores más visibles es el servicio de recolección de basura. La empresa Red Ambiental firmó un contrato de 15 años en 2024 para manejar los residuos de Puerto Vallarta, pero en marzo de 2026 informó que suspendería operaciones porque el ayuntamiento acumulaba más de nueve meses sin pagar y la deuda ascendía a unos 240 millones de pesos. Red Ambiental advirtió que tomará acciones legales y que la suspensión podría generar una crisis sanitaria. Ante la suspensión, el cabildo terminó anticipadamente la concesión y anunció que el municipio retomaría el servicio a partir del 1 de abril. Sin embargo, hay versiones de que el contrato incluía penalizaciones elevadas y que la cancelación podría costar incluso más de lo adeudado. La administración negocia el monto exacto y ha reconocido que el pago dependerá de la validación legal y la capacidad financiera . En paralelo, se adquirieron cuatro camiones recolectores nuevos con recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), lo que llevó la flota municipal a 36 unidades (6 propias, 26 arrendadas y 4 nuevas). Pese a ello, la crisis de basura mostró improvisación y falta de planeación financiera. Otro elemento que incide en la percepción de la gestión es la creciente burocracia municipal. En diciembre de 2025, el cabildo aprobó la creación de 27 nuevos cargos entre gerencias y direcciones, lo que implicó un aumento de casi 14 millones de pesos en nómina . Estas modificaciones tuvieron impacto en el presupuesto sin que se justificara un beneficio tangible para los ciudadanos. La administración también ha mostrado alta rotación de funcionarios. Medios locales reportaron cambios frecuentes en cargos estratégicos apenas un mes después de su designación: por ejemplo, el coordinador de Gabinete Javier García fue movido a la Gerencia de Gobierno Inteligente y el entonces director de Comunicación Social fue reubicado como coordinador de asesores.  La ausencia de continuidad en áreas clave ha dificultado la ejecución de proyectos. A mediados de marzo de 2026, la diputada local Yussara Canales solicitó una auditoría al gobierno de Munguía por presuntas irregularidades, opacidad en el uso de recursos y constantes modificaciones presupuestales; afirmó que las finanzas públicas estaban “hechas un desastre”. Días después, también anunció que pediría una auditoría a Seapal Vallarta —el organismo operador de agua— debido a que, pese a multimillonarias inversiones, persisten cortes, agua sucia y fallas en el sistema. La renuncia del tesorero municipal Rodrigo Pérez en enero de 2026 refuerza la percepción de inestabilidad en las finanzas municipales. La problemática de agua potable y drenaje sigue sin resolverse. Legisladores han cuestionado cómo un municipio rodeado por ríos carece de estrategia para garantizar el abastecimiento. Además de los reclamos por deficiencias en el servicio , las quejas por pavimentos llenos de baches y deterioro vial son recurrentes. La percepción de inseguridad también se deterioró: según la encuesta del INEGI (ENSU), la proporción de vallartenses que se sienten inseguros subió de 24.7 % a 32 % a finales de 2025, lo que representa un incremento de 29.5 %. Aunque Puerto Vallarta sigue entre las diez ciudades más seguras, el deterioro en iluminación urbana y mantenimiento contribuye a la percepción negativa. La encuesta de Rubrum refleja la pérdida de confianza ciudadana en el gobierno de Puerto Vallarta. La administración de Luis Ernesto Munguía —que inició en septiembre de 2024— enfrenta una combinación de factores que explican su calificación de apenas 3.9 de 10:

           1.        Crisis en la recolección de basura: la suspensión de Red Ambiental por un adeudo de 240 mdp y la improvisada municipalización del servicio causaron acumulación de residuos y evidenciaron falta de planeación.            2.        Falta de promoción turística y mala comunicación: la caída de ocupación hotelera y el reclamo del sector empresarial por la ausencia de campañas coordinadas muestran un vacío en la estrategia de desarrollo económico.            3.        Expansión y rotación de la burocracia: se crearon 27 nuevos puestos con un costo de 14 mdp y hubo constantes cambios de directores, lo que impidió consolidar políticas públicas.            4.        Deficiencias en servicios básicos: persisten problemas de agua, drenaje, pavimentación e iluminación; además, la percepción de inseguridad creció casi 30 %.            5.        Opacidad financiera e inestabilidad administrativa: las solicitudes de auditoría a la administración y a Seapal, así como la renuncia del tesorero, fortalecen la idea de desorden en las finanzas públicas. La conjunción de estos factores contextualiza por qué Puerto Vallarta cayó al puesto 98 de 104 y por qué la ciudadanía califica la gestión de Munguía con un resultado reprobatorio.  El reto para el alcalde será revertir estos indicadores con estrategias efectivas, transparencia y un verdadero compromiso con los servicios públicos esenciales.