La reciente Asamblea General de Naciones Unidas vuelve a dejar una sensación incómoda: mientras los líderes mundiales hablan de paz, cooperación y respeto al derecho internacional, el planeta parece avanzar en dirección contraria. Ucrania, Gaza, Sudán, el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y la creciente rivalidad entre Washington y Beijing exhiben los límites de un organismo creado precisamente para impedir que la fuerza volviera a convertirse en el principal árbitro de las relaciones internacionales.

En su última Asamblea General como secretario general, António Guterres advirtió que ninguna superpotencia puede resolver por sí sola los grandes problemas contemporáneos. El diagnóstico difícilmente podría ser más pertinente. El problema es que la propia ONU parece cada vez menos capaz de hacerlo colectivamente.

La contradicción está en su diseño. Naciones Unidas nació en 1945 y su principal órgano político, el Consejo de Seguridad, continúa reflejando el reparto de poder surgido de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido conservan un asiento permanente y derecho de veto. África no tiene ninguno. Tampoco América Latina. India, hoy el país más poblado del mundo, tampoco.

El resultado es un sistema en el que las reglas universales encuentran rápidamente excepciones cuando afectan a las grandes potencias o a sus aliados. Rusia puede bloquear determinadas acciones relacionadas con una guerra en la que ella misma participa. Estados Unidos ha utilizado repetidamente su veto en resoluciones relacionadas con Israel. China protege sus propios intereses estratégicos. Cada caso tiene circunstancias distintas, pero juntos alimentan la misma percepción: existe un derecho internacional para todos y un margen de excepción mucho mayor para quienes tienen suficiente poder.

No significa que la ONU sea inútil. Reducirla al Consejo de Seguridad sería ignorar una gigantesca infraestructura humanitaria, sanitaria, alimentaria, diplomática y técnica. Naciones Unidas también proporciona algo elemental: un espacio en el que prácticamente todos los Estados pueden hablar entre sí. En un mundo cada vez más fragmentado, eso no es poca cosa.

La pregunta, entonces, no es si necesitamos una ONU, sino si necesitamos esta ONU.

Reformarla parece la respuesta evidente, pero aparece una paradoja extraordinaria: para transformar realmente el sistema es necesario obtener el consentimiento de quienes más se benefician de él. Naciones Unidas lleva décadas discutiendo la reforma del Consejo de Seguridad y existe un amplio reconocimiento de que su composición ya no representa adecuadamente al mundo actual; el desacuerdo aparece cuando llega el momento de decidir quién entra, con qué facultades y qué ocurre con el veto.

Las reformas administrativas tampoco solucionan el problema político. La iniciativa UN80 busca reducir duplicidades, revisar mandatos y hacer más eficiente una organización sometida a fuertes presiones financieras. Puede ser necesaria, pero reorganizar oficinas y reducir burocracia equivale a remodelar habitaciones cuando las grietas están en los cimientos.

Quizá haya llegado el momento de plantear una discusión más ambiciosa: no simplemente cómo reformar Naciones Unidas, sino cómo debería organizarse el multilateralismo si tuviéramos que inventarlo en el siglo XXI.

Eso obligaría a discutir cuestiones que durante décadas han parecido intocables: ampliar radicalmente la representación de África, Asia y América Latina; limitar o sustituir el veto individual; impedir que un Estado bloquee decisiones sobre conflictos en los que participa directamente; buscar fórmulas que combinen la igualdad jurídica de los países con su peso demográfico; e incluso crear mecanismos automáticos de actuación ante determinados crímenes internacionales.

Pero empezar completamente de cero también entraña un enorme riesgo. La ONU surgió después de una guerra mundial que produjo un consenso excepcional sobre la necesidad de establecer ciertas reglas comunes. El mundo de 2026 está mucho más fragmentado. Si hoy se sentaran las grandes potencias a redactar una nueva Carta, nada garantiza que produjeran una institución más democrática. Quizá ni siquiera conseguirían ponerse de acuerdo para crearla.

Por eso la alternativa más plausible puede estar entre ambos extremos: conservar las estructuras de Naciones Unidas que todavía funcionan mientras se desarrollan mecanismos multilaterales nuevos que complementen -y eventualmente transformen- aquellos que han quedado paralizados.

La ONU ha sobrevivido más de ocho décadas porque, pese a todas sus frustraciones, los Estados continúan considerando preferible tenerla que prescindir de ella. Pero supervivencia no significa vigencia.

Esta Asamblea vuelve a hablar de confianza, cooperación y reforma. Tal vez la discusión que falta sea bastante más incómoda: dejar de preguntarnos únicamente cómo salvar a Naciones Unidas y comenzar a preguntarnos qué institución construiríamos hoy para un mundo que ya no se parece en nada al de 1945.