En México, más de 3.4 millones de viviendas queman habitualmente su basura. Según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, esta práctica se registra en 8.65 por ciento de las viviendas particulares del país. Esto revela una grave insuficiencia de los sistemas públicos de recolección y tratamiento de residuos, con consecuencias directas para la salud de millones de personas y para la integridad de los ecosistemas.

Los datos muestran que, de los 39.6 millones de viviendas consideradas en este indicador, 83.17 por ciento entrega sus residuos a un camión o carrito recolector; 6.38 por ciento los deposita en contenedores; 1.06 por ciento los lleva directamente a basureros públicos; 0.2 por ciento los entierra y 0.5 por ciento los arroja en calles, terrenos baldíos, barrancas o ríos. Esto último equivale a 199 mil viviendas que contribuyen directamente a la contaminación.

La desigualdad territorial es particularmente alarmante. En las localidades menores de 2 mil 500 habitantes, solamente 55.69 por ciento de las viviendas entrega su basura a un recolector, mientras que 35.41 por ciento la quema. Son aproximadamente 2.8 millones de viviendas rurales expuestas a una práctica que contamina el aire y puede liberar sustancias tóxicas.

En las ciudades de 100 mil habitantes o más, la recolección alcanza 91.1 por ciento de las viviendas y la quema se reduce al 0.5 por ciento. La distancia expresa una profunda desigualdad en el acceso a servicios públicos elementales, que perjudica especialmente a las comunidades rurales y a los municipios con menores capacidades institucionales.

Las diferencias entre entidades federativas son igualmente preocupantes. En Chiapas, 30.1% de las viviendas quema sus residuos; en Oaxaca 28%; en Guerrero 26.5%; en Tabasco 25.7% y en Veracruz 21.5%. En contraste, Nuevo León registra 1.5 y la Ciudad de México apenas 0.1 por ciento.

El problema se agrava al examinar la separación de residuos. A nivel nacional, únicamente 47.43% de las viviendas separa orgánicos e inorgánicos y 52.52% no lo hace. Las disparidades son enormes: mientras en la Ciudad de México 82.6% realiza esa separación, en Baja California sólo lo hace 19.3%; en Sinaloa, 21.8%, y en Sonora, 22.2%.

La gravedad aumenta cuando se examina el destino de la basura recolectada. Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 2026 de la Semarnat, México genera 139 mil 902 toneladas de residuos sólidos urbanos al día. Apenas 5% recibe algún tratamiento y, de 2 mil 250 sitios de disposición final registrados, solamente 52 operan como rellenos sanitarios con criterios adecuados.

La desigualdad entre el campo y las ciudades también se manifiesta en las prácticas de separación y aprovechamiento de residuos; en las localidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes, 56.8% de las viviendas separa la basura orgánica de la inorgánica, frente a 43.9% en las ciudades de 100 mil habitantes o más. Asimismo, 61.2% de las viviendas rurales separa cartón, latas y plásticos para venderlos, regalarlos, donarlos o reutilizarlos, mientras que en las grandes ciudades lo hace 49.2%.

Sin embargo, en las localidades rurales, 35.4% de las viviendas quema sus residuos y otro 4.4% los entierra, los lleva a basureros públicos o los arroja en otros lugares. Estos datos exhiben las contradicciones de un sistema que mantiene a millones de hogares sin servicios adecuados de recolección.

En las localidades de 100 mil habitantes o más, donde se concentran 19.8 millones de viviendas, 56.1% no separa residuos orgánicos e inorgánicos y 50.8% tampoco aparta cartón, latas o plásticos para su aprovechamiento.

Un sucio problema

La mayor disposición de los hogares rurales a separar y aprovechar sus residuos revela una dimensión frecuentemente ignorada de las relaciones entre territorio, consumo y medio ambiente. En estas comunidades persisten prácticas de reutilización vinculadas con las actividades domésticas y productivas, particularmente con la alimentación de animales y el aprovechamiento de materia orgánica. En contraste, la vida urbana favorece una relación con los desperdicios caracterizada por su rápida eliminación y una menor participación doméstica en su aprovechamiento. Esta diferencia plantea interrogantes sobre los patrones de consumo, la educación ambiental y la eficacia de las políticas públicas. También muestra que las estrategias de economía circular deben reconocer los conocimientos y prácticas comunitarias existentes, fortalecerlos y articularlos.

Los servicios de recolección de basura constituyen otra expresión de la desigualdad territorial en México. La concentración de infraestructura y capacidades institucionales en las ciudades contrasta con las condiciones de abandono que enfrentan numerosas comunidades pequeñas, donde la quema de residuos es una solución doméstica ante la insuficiencia de alternativas públicas. Sus consecuencias trascienden el deterioro ambiental: la exposición cotidiana a emisiones contaminantes incrementa los riesgos sanitarios y compromete la calidad de vida de poblaciones históricamente desfavorecidas. Esta situación obliga a replantear los esquemas de financiamiento municipal, desarrollar soluciones adaptadas a la dispersión poblacional y reconocer que la gestión adecuada de residuos constituye una responsabilidad pública fundamental.

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Con información de Excélsior